Sin pedir audiencia

Poderes sometidos

Más que una directriz política, el gobernador Aristóteles Sandoval ha encontrado en el manejo de la chequera la mejor fórmula para ejercer el control sobre los otros dos poderes del estado.

En el caso del Congreso local, sumido en una terrible crisis financiera por herencia y por culpas propias, la negociación del presupuesto para 2014 rozó en los límites de la obscenidad al revelarse que habría una bolsa de diez millones de pesos para obras en distritos de diputados panistas que aprobaron el trámite.

Y aunque el Poder Legislativo ejercerá el próximo año 650 millones de pesos en lugar de los más de mil millones que pretendía, nadie pone en duda que recibirá en los próximos meses las partidas extraordinarias para su tan aplazado recorte masivo.

En el caso del Poder Judicial, la situación es más grave. Políticamente, desde semanas antes de que Celso Rodríguez dejara –-¡por fin!—el cargo de presidente del Supremo Tribunal de Justicia, se sabía que Luis Carlos Vega Pámanes sería el nuevo titular del Poder Judicial tras un amago del padre de Aristóteles, el magistrado Leonel Sandoval, de buscar el puesto.

Pero tras el relevo y una vez que ventilaron el desastre de la construcción de la Ciudad Judicial en el gobierno de Emilio González Márquez, la llave de los recursos se volvió a cerrar.

La primera señal provino del veto del gobernador a las reformas al Código de Procedimientos Penales que incluía la figura de los juicios orales. Según un proyecto del Consejo de la Judicatura, se requerían cerca de 980 millones de pesos para implementar el “sistema acusatorio adversarial” (que en la Administración de Emilio “se les olvidó” considerar en la infraestructura construida en la Ciudad Judicial) y la aplicación de seis nuevas reformas que significan una mayor demanda de todo el aparato judicial.

Ahora, con el presupuesto aprobado para el próximo año, tampoco se consideraron los recursos solicitados. Por ejemplo, para el Consejo de la Judicatura, el Ejecutivo estimaba 508 millones para 2014 que significa 66 millones menos que en 2013, lo que contradice el artículo 57 constitucional que establece que en ningún caso el presupuesto puede ser menor al ejercido un año antes. Con ajustes de último momento, quedó en 593 millones, pero según ejercicio de la Comisión de Administración del consejo, queda aún por debajo de la inflación que en 2013 fue estimada en 3.62 por ciento; es decir, que estaría .42 por ciento abajo, lo que equivale a un millón 814 mil pesos menos.

La próxima semana: “Los costos del rezago en el poder judicial”.

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