Sin pedir audiencia

Perdón, ¿por qué?

Aunque existió una abierta invasión a la soberanía estatal cuando elementos policiacos de Colima ingresaron a Jalisco para golpear y detener a 33 indígenas nahuas y pese a que sigue vigente una suspensión de plano en el recurso de amparo 462/2013 que restituye el libre tránsito de ejidatarios en sus tierras, el gobierno estatal cedió a las presiones de su homólogo de Colima y a los empresarios de la Mina Peña Colorada para enfocar sus baterías contra los asesores legales del ejido Ayotitlán.

Documentos filtrados revelan una negociación entre autoridades de ambas entidades para dejar en libertad a 33 indígenas detenidos el 22 de julio, siempre y cuando los ejidatarios acusaran a Pedro León Corrales y Raquel Gutiérrez Nájera, quienes encabezan el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), de haber instigado la comisión de “delitos” en perjuicio de la compañía.

El “perdón” para los indígenas del gobierno de Colima que fue ampliamente difundido por medios de comunicación, lleva implícito una maniobra de las autoridades estatales para reconocer a un grupo de ejidatarios como representantes de la comunidad y lograr así el desistimiento del amparo que mantiene frenada la actividad del consorcio minero.

Sin embargo, el citado “perdón” hacia el proceso 142/23015-S3, en realidad fue la decisión del juez ante las infundadas acusaciones y la falta de pruebas. A los indígenas los acusaban de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones.

Irónicamente, los mismos señalamientos recaían para el pasante de derecho Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, quien representaba a Idea el día de la retención masiva y para el cual se mantuvieron varios cargos aunque el secuestro pasó a ser privación ilegal de la libertad.

Es decir, la acusación contra Mosqueda Sánchez por la que se decretó su auto de formal prisión, fue por retener él solo a tres directivos de la empresa minera, robo calificado y despojo.

La negociación incluyó al grupo de ejidatarios encabezados por Gaudencio Mancilla ex dirigente del consejo de mayores y no a los representantes legales elegidos a fines de 2014 quienes ya no reconocen a Gaudencio como interlocutor del ejido.

Ahora la intención es acusar a los asesores legales de Idea de haber llevado a los ejidatarios a una confrontación violenta con la vv).

martinezmcarlos@hotmail.com