Sin pedir audiencia

“Pedro malo”

Delgado, estatura regular, de lengua fácil y por momentos escurridiza, Pedro León Corrales es, sin duda, un auténtico dolor de cabeza para el gobierno de Jalisco, el gobierno federal y algunos particulares.

Este abogado de pasado perredista y que ostenta la coordinación regional occidente de la organización Plan de Ayala, defensora de causas campesinas, está presente en los tribunales en varios de los casos más complicados que se ventilan en Jalisco.

Como asesor legal de los ejidatarios del Zapote, logró junto a un equipo de abogados, una sentencia histórica favorable que ordena la restitución de las tierras que les fueron despojadas en 1968 para construir el aeropuerto Miguel Hidalgo.

La determinación contenida en el amparo 1788/2009 radicado en el juzgado Tercero en Materia Administrativa y del Trabajo, deja sin efecto la expropiación de 307 hectáreas, cancela la concesión de la terminal aérea y el programa de ampliación del aeropuerto incluida su segunda pista.

Paralelamente, los abogados del ejido consiguieron una sentencia favorable por el delito de desacato cometido por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el director General de Aeronáutica Civil al ignorar una suspensión y permitir las obras de remodelación de la terminal.

En el abultado expediente del Zapote, destacan una serie de divisiones que motivaron supuestas indemnizaciones. La más reciente que data del gobierno de Felipe Calderón cuando les entregaron a un grupo de ejidatarios unos 40 millones de pesos, lo que equivaldría a unos trece pesos el metro cuadrado.

Pero los ejidatarios inconformes rechazaron el arreglo y los tribunales les dieron la razón al considerar ilegal la “indemnización”.

A valor comercial y según un avalúo del ayuntamiento de Tlajomulco para efectos catastrales, el precio de los terrenos del aeropuerto de Guadalajara es de dos mil 200 pesos metro cuadrado. Es decir, que las 307 hectáreas tendrían un valor comercial hoy de más de seis mil millones de pesos.

La sentencia del juez, que fue motivo de un recurso de apelación, consideró ilegal la ocupación provisional con fines de expropiación de 1968, la concesión y el plan maestro de la terminal que incluye ampliaciones y la construcción de la segunda pista.

Otro caso donde las autoridades federales se han topado con Pedro León Corrales, es el macrolibramiento.

Asesor esta vez de ejidatarios de la Capilla y Cedros, en Ixtlahuacán de los Membrillos; así como de San Juan Evangelista, en Tlajomulco de Zúñiga, consiguió una suspensión ambiental de los trabajos de la carretera como parte del reclamo contenido en el amparo 194/2013.

El reclamo es por la afectación del arroyo Los Sabinos y del Cerro Viejo, que perjudicarían la flora y la fauna de la región.

Aunque se trata litigios que involucran a 15 kilómetros que impactan a los tres ejidos, la decisión de los tribunales dejó sin efecto el permiso ambiental otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y que impacta a los más de 100 kilómetros del macrolibramiento.

Sin embargo, según Pedro León Corrales, las obras continúan por lo que presentaron otra denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, situación que ha sido negada constantemente por el director del centro SCT Jalisco, Bernardo Gutiérrez Navarro.

Los otros casos donde el abogado actúa como asesor, tienen que ver con el mega desarrollo turístico de Chalacatepec, en José María Morelos, en Tomatlán y con el también proyecto de gran turismo, La Mandarina, que se promueve en el ejido de La Peñita de Jaltemba, en Nayarit.

Ambos expedientes tienen como común denominador al mismo promotor, el mismo socio y el mismo modus operandi del cual comentaremos la próxima semana.

martinezmcarlos@hotmail.com