Sin pedir audiencia

Jalisco en Nayarit

Dos son los proyectos turísticos donde el gobierno estatal se ha topado con el abogado Pedro León Corrales en su calidad de asesor de ejidatarios.

El primero es Chalacatepec, donde mediante el amparo 711/2013 el ejido José María Morelos consiguió detener el mega complejo que pretende desarrollar mil 200 hectáreas del paradisiaco municipio de Tomatlán.

El segundo es La Mandarina, una apuesta por construir hoteles de lujo en 301 hectáreas del ejido La Peñita de Jaltemba, en la Riviera Nayarit, donde por carambola el gobierno de Jalisco terminó siendo socio.

En ambos casos, existe la misma forma de actuar de la desarrolladora Rasaland y sobre todo de un personaje en el que recae la operación: Ricardo Santa Cruz Mahoney.

Santa Cruz Mahoney fue quien firmó el fideicomiso “irrevocable” F/380 el diez de diciembre de 2009 con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para dar paso al también llamado “Nuevo Cancún”, acto que quedó protocolizado en la escritura 13,527 ante el notario público 35 Pablo González Vázquez.

La firma del fideicomiso, lo hizo en su calidad de representante legal de las empresas Chala Mar, Paraland y Chalalegre, todas de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, donde aportaba una serie de lotes comprados a supuestos propietarios del predio Param y Chola “vecino” del ejido José María Morelos.

La citada propiedad es motivo de una controversia por parte de ejidatarios de José María Morelos, quienes sostienen que nunca existieron las tierras de particulares sino que fueron “sembradas” dentro del ejido dotado de 12 mil 400 hectáreas en 1960.

Esta posición fue avalada por el dictamen de deslinde 3826 de la Secretaría de Reforma Agraria realizado en 1982 que concluyó que en ese sitio había una marisma llamada Param y Chola, pero que nunca existió una pequeña propiedad que llevara tal nombre.

Otras denuncias de ejidatarios revelan que Ricardo Santa Cruz Mahoney realizó constantes presiones para comprar los terrenos con el apoyo de funcionarios del gobierno anterior quienes amenazaban con expropiar en caso que se negaran a vender.

Una situación similar sucedió en el ejido La Peñita de Jaltemba en la Riviera Nayarit. Desde hace seis años, Rasaland impulsa el desarrollo de La Mandarina, un complejo turístico en una playa de incomparable belleza y rodeada de exuberante vegetación.

El ejido –como sucede con Chalacatepec-, está dividido y una parte de los ejidatarios denuncian asambleas irregulares, manipulación de juicios agrarios y compras irregulares de los predios.

Los abogados, incluido Pedro León, advierten que están pasando por encima de leyes ambientales que prohíben fraccionar selvas, no hay concesión de explotación de playas, han impugnado la Manifestación de Impacto Ambiental y las asambleas amañadas.

Ejemplo de esto es que Ricardo Santa Cruz Mahoney, aunque vive en Tlajomulco de Zúñiga, está acreditado como ejidatario de La Peñita de Jaltemba en Nayarit.

El gobierno de Jalisco ingresó como socio a La Mandarina a través de Rasaland. Mediante una discreta sesión del Consejo de Pensiones, se acordó que el fideicomiso de Chalacatepec (donde Pensiones aportó 89 millones de dólares), pase a formar parte de la promotora Activos Turísticos de México (Actur), junto con el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin de Banobras; las firmas Goldman Sachs, Texas Pacific Group y por supuesto Rasaland.

El gobierno estatal pasa de contar con el 49 por ciento a sólo un 24 por ciento, pero recibe participación en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México, la bolsa de 80 millones de dólares aportada por Fonadin y sus acciones del enredado proyecto de La Mandarina, en Nayarit.

La próxima semana: Rasaland, encantadores de serpientes.

martinezmcarlos@hotmail.com