Sin pedir audiencia

¿Dijeron que todos?

El entonces diputado local Salvador Arellano, resoplaba de coraje cuando el auxiliar le explicó que el secretario general no lo podía atender.

Molesto, le lanzó al asistente lo siguiente: “Dígale que recuerde que soy diputado, que él está a nuestro servicio; ¡que depende de nosotros!...”

Según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, efectivamente la Secretaría General del Congreso es un órgano administrativo dependiente de la asamblea, de la junta de coordinación política y específicamente de la Comisión de Administración.

Cuando el 27 de marzo de 2009 la secretaría firmó el convenio con el despacho Consultores López Castro y Compañía, S. A. de C. V., en realidad ejecutaba un acuerdo del 2 de marzo de ese mismo año previamente aprobado por la Comisión de Administración, encabezada en ese tiempo por Jorge Arana Arana.

El escandaloso caso que derivó en la detención de Luis Octavio Pérez Pozos y que se obsequiara la orden de aprehensión contra Alfredo Argüelles, ambos ex secretarios del Congreso, tuvo desde el principio varias fallas por las que jurídicamente no era sustentable y aún así concluyó con una sentencia de pago.

Por ejemplo, cuando López Castro decidió demandar al Congreso en el juicio mercantil 242/2010-2 por la cantidad de 42 millones 386 mil pesos 521 pesos con 79 centavos, con el interés mensual del cinco por ciento, el área jurídica respondió con al menos 14 recursos.

Uno de ellos tenía que ver con la petición de cancelación del contrato fundatorio del reclamo de la empresa. El argumento fue que el secretario no representaba al Congreso para celebrar ese tipo de convenios.

También la defensa incluyó entre las pruebas un documento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que refiere que no existió ninguna devolución de impuestos que era parte del acuerdo con la consultora.

Pero el acuerdo del 2 de marzo de 2009 establecía, como condición de pago, la recuperación de los impuestos pagados en demasía a Hacienda. Sin embargo, el contrato firmado el 27 de marzo de 2009, omitió este candado y señalaba que la compañía tendría garantizado un pago de 42 millones de pesos en estimaciones y no necesariamente de lo recuperado.

Además, el Congreso contrademandó al despacho por el pago del anticipo de 575 mil pesos entregados a través de la factura 701 del 29 de septiembre del 2009, monto que actualmente es motivo del fraude que se ventila en tribunales.

A lo largo del proceso, la 59 legislatura también promovió el juicio de lesividad 212/2010 radicado en la primera sala unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado y el juicio de amparo indirecto 1129/2011 en la mesa 1 del juzgado tercero en materia civil.

Pese a todos los recursos legales interpuestos, el 22 de marzo de 2011, los integrantes de la mesa directiva –estos sí, en representación del Congreso-- y los miembros de la Comisión de Administración, acuden ante el juzgado quinto de distrito en materia civil y celebran convenio con Consultores López Castro y Compañía, S. A. de C. V. con lo que se pone fin al juicio mercantil ordinario.

A la fecha, la empresa reclamaba más de 90 millones de pesos que sumaba la deuda. El acuerdo fue cubrir 58 millones de pesos en varios pagos que también se incumplieron.

Aunque el despacho finalmente declinó seguir exigiendo el pago, no devolvió los 575 mil pesos del anticipo.

Ahora que el gobierno estatal ha decidido ir a fondo con el caso del fraude al Congreso, la pregunta es si también irá contra toda la cadena de complicidades y omisiones. Por ejemplo, como dijo el mismo Octavio Pérez Pozos, comenzar por algunos de los distinguidos invitados al segundo informe de gobierno.

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martinezmcarlos@hotmail.com