Sin pedir audiencia

Atajos en Chalacatepec

El gobierno estatal sigue buscando peligrosos atajos para resolver el candente conflicto agrario del ejido José María Morelos que mantiene detenido el proyecto turístico de Chalacatepec con todo y su aeropuerto.

Hace unos días, el alcalde de Tomatlán, Saúl Galindo Plazola, reveló que el Gobierno del Estado estaba a punto de destrabar la aeropista porque entregaría 16 millones de pesos a los ejidatarios y la pista sería administrada por la Secretaría de Turismo, lo que fue confirmado por el propio titular, Enrique Ramos Flores.

No obstante, el proceso no es tan simple.

Las tierras que ocupa la aeropista de Tomatlán, forman parte del ejido José María Morelos según la resolución presidencial de 1960 que lo dota de 12 mil 400 hectáreas. Misteriosamente, aparecieron supuestos pequeños propietarios que reclamaban cuatro mil hectáreas y tramitaron el amparo 2130/65 que dejó la superficie fuera de la dotación.

Sin embargo, trabajos de la Secretaría de Reforma Agraria demostraron que no había tales propiedades denominadas Paramán y Xola. Pese a ello, la dependencia paga a los supuestos propietarios e incorpora de nuevo las tierras al ejido en la figura de ampliación.

En una extraña maniobra, la misma Reforma Agraria, sin contar con atribuciones para hacerlo, dona 300 hectáreas de los predios recuperados al Gobierno de Jalisco para construir la aeropista.

La ley agraria establece que la autoridad debió expropiar la superficie después de fundar la causa de utilidad pública. Por si fuera poco, la plancha de pavimento fue construida sin mediar un estudio de impacto ambiental y tampoco se tomó en cuenta que la obra estaría ubicada entre dos sitios Ramsar (humedales).

El ofrecimiento de 16 millones de pesos a los ejidatarios para destrabar el conflicto tampoco es el camino correcto. Hay un amparo, el 711/2013 que impide que los trabajos continúen, por lo que primero tendría que desistirse el ejido en una asamblea.

Pero esto tampoco puede ser posible porque hay dos comisariados ejidales. Uno, el que siguió todo el proceso legal y el otro creado artificialmente en una casa particular con el cobijo del gobierno estatal.

Es con este segundo grupo, afín a las autoridades estatales, con el que se estaría fraguando la indemnización la cual carecería de validez pues no hay una asamblea que lo respalde.

Y no puede haber asamblea porque ante el juzgado quinto de distrito en materia administrativa, se ventila un incidente de personalidad donde ambos bandos deberán demostrar quién tiene la representación legal del ejido José María Morelos

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