Sin pedir audiencia

Afirmativa y ficción

Uno de los procedimientos especiales que llenaron de terror a las administraciones municipales que acaban de terminar, es la llamada afirmativa ficta.

Se trata de un recurso administrativo al cual pueden acudir los particulares cuando la autoridad no responde en tiempo y forma a una petición sobre un trámite de tipo regulatorio. De acuerdo con la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en caso que el ayuntamiento no responda en los términos legales, se puede declarar esta figura y el particular puede abrir su negocio sin problema alguno.

Por medio de este recurso, operan en la Zona Metropolitana de Guadalajara estaciones de servicio de gasolina, casinos y hasta se ha dado luz verde a la construcción de varios edificios.

Hay dos tipos de trámites administrativos que la autoridad municipal realiza en el ejercicio de su función. Unos son los llamados declarativos y otros los regulativos. En el caso de los primeros, se trata de actos como la expedición de actas de nacimiento o cualquier documento en poder de la autoridad que requiera el ciudadano.

En caso que ante la petición de la expedición del trámite no haya respuesta del municipio, se conoce como una “negativa ficta”.

Pero al tratarse de un  acto regulativo, como puede ser la solicitud de licencia de construcción, operación de un restaurante bar, apertura de una gasolinera o cambio de uso de suelo, si la autoridad no responde en tiempo y forma al peticionario, se puede invocar la figura de la “afirmativa ficta” con lo que se da como un hecho la autorización.

El problema es que este llamado “silencio administrativo” por parte de los ayuntamientos, fue motivo de complicidades y corrupción en el seno de los mismos. Un funcionario de la dependencia donde se realizaba el trámite escondía o “traspapelaba” la solicitud hasta que venciera el término y automáticamente daba los recursos para que se invocara la temida figura.

Órgano responsable de emitir estas declaraciones y con ello arrebatar el sueño a los alcaldes, es el Tribunal Administrativo del estado (TAE), quien resolvió varias de estas disposiciones y colocó contra la pared a las autoridades.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas del derecho administrativo, las decisiones del tribunal se habrían excedido ya que la mencionada Ley de Justicia Administrativa, establece en su artículo 111 que la petición de afirmativa ficta debe ser acompañada por los documentos “que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas aplicables al caso específico”.

Es decir, que el particular tendrá que cumplir con las disposiciones municipales de tipo ambiental, uso de suelo, densidad, etcétera, para que proceda la declaratoria, lo que en muchos de los casos no ocurrieron.

Un buen ejemplo de estos abusos, lo representa el caso de Fernanda Bosch, quien fuera directora de Control y Ordenamiento Territorial en Zapopan, cesada en 2013 por pérdida de confianza.

A la mujer se le abrió un expediente disciplinario que concluyó con su despido e inhabilitación por cinco años para desempeñar cargos públicos, por “falta de probidad en el desempeño de sus funciones”.

Presuntamente, la exfuncionaria mantenía en la “congeladora” al menos cinco expedientes que tenían que ver con edificios, hasta que éstos cayeran en el terreno de la afirmativa ficta.

Fernanda Bosch acudió ante el TAE y éste ordenó la reinstalación de la mujer y el pago de dos millones de pesos de salarios caídos. Fue reinstalada en una Dirección en Obras Públicas y llegó a un acuerdo para recibir un millón 600 mil pesos por salarios.

Hace unos días salió con el resto de la administración de Héctor Robles.

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martinezmcarlos@hotmail.com