“En las próximas semanas”, anunció ayer el comisionado de Seguridad y Desarrollo Integral para Michoacán, Alfredo Castillo, dejarán de portar armas los grupos de autodefensa.
No dijo cuántas pero, es de inferirse, no pasarán “meses” (ni dos) para que dejen de andar como Pedro por su casa esas partidas de centenares (se habla de 20 y hasta 30 mil en total) de civiles armados que, pese a la inconstitucionalidad de su conformación y muy riesgosa actuación, terminaron siendo medulares en la lucha por la recuperación de la seguridad pública y la pulverización de la banda criminal de Los caballeros templarios.
Además del registro de nombres, domicilios, identificaciones y armas de sus integrantes, el gobierno federal tiene ya recabada la información que más debe importarle como para emplazar a las autodefensas, ahora sí, a sujetarse a la legalidad.
Muchos por buenas y los menos por malas razones, esos civiles que ocuparon el espacio abandonado por el Estado son paramilitares potencialmente peligrosos que, por mera salud pública, deben desaparecer.
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