En los últimos 12 días, cárceles de cinco ciudades han hecho explosivo el secreto de que el sistema penitenciario nacional es un desastre, del que relativamente se salvan las instalaciones federales.
De las infames vejaciones en la prisión de Apodaca, Nuevo León, se supo el 15 de marzo; un día después, del reclusorio de Culiacán, Sinaloa, se fugaron El Azulito y otros; el 23 le tocó a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y escaparon 29; al día siguiente una riña en la de Cancún, Quintana Roo, dejó el saldo de un muerto y tres heridos, y ayer hubo una madriza tumultuaria en la de Cadereyta (también Nuevo León).
En julio del año pasado había en el país 372 centros penitenciarios estatales y municipales (hoy quizá más).
¿Cuántos de todos esos operan con tan ínfimo nivel de confianza como sus policías de la calle?
El mal endémico nacional del binomio corrupción-impunidad hace risible aquello de la “readaptación social” de los presos, e impostergables nuevas reglas y condiciones para las cárceles del país.
De este y otros temas relacionados es la charla de estos días en El asalto... de tv con el procurador general de la República.
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