El 9 de diciembre el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, hincó el dedo en la llaga de la ineficacia y podredumbre que priva en gran parte de las policías estatales y municipales.
“Hasta los soldados cuidan escuelas en Guerrero...”, dijo, al señalar que no son los militares quienes pidieron hacer tareas para las que no fueron entrenados y reprochar al Congreso la falta de una ley de seguridad interior.
Si de volver a los cuarteles se tratara, comentó, él estaría de acuerdo, alzando no una sino las dos manos.
Ayer, el gobernador de esa entidad ensangrentada por el crimen organizado, Héctor Astudillo, clamó por la permanencia del Ejército y la Marina Armada en su estado “por tiempo indefinido...”.
Lo que a propósito de la ley sigue amorcillándose en el Congreso es, precisamente, la fijación de reglas para que la actuación de las fuerzas armadas en labores policiacas tenga plazos precisos.
Como escribe Mauricio Farah en MILENIO: otorgar a los militares garantías jurídicas y mantener intactos los derechos de la población son objetivos que no tienen por qué ser excluyentes...
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