A cuatro meses de la matanza, nada permite avizorar cambios esenciales en las posiciones de quienes representan a los deudos y la autoridad a cargo de investigar el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.
Por las actuaciones ministeriales y evidencias recabadas en testimonios, confesiones, cateos y averiguaciones criminalísticas y criminológicas, es impensable que la PGR modifique su aseveración de que los homicidas intelectuales y materiales fueron funcionarios, policías y vulgares delincuentes de Guerrero.
Deudos y sus representantes, así como agrupaciones que medran de la tragedia, rechazan todo lo que provenga de cualquier autoridad, y necean con la invención de que ese crimen tumultuario fue cometido “por el Estado”.
Ninguna de las partes variará su discurso (lo cual se puede comprender), pero ambas están obligadas a comportarse ya de manera diferente.
La protesta de ayer fue pacífica, pero las violentas usuales merecen el rechazo social.
Y al gobierno se le está haciendo tarde para evitar más desmanes y, con respeto a los derechos humanos, aplicar la ley.
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