Aunque son más los delitos que se atribuyen a otros dirigentes de la 22, los que se achacan a su secretario general, Rubén Núñez, son: tentativa de homicidio calificado y robo calificado con violencia a las cosas, así como específico y daños (fuero común) y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado por 24 millones de pesos (federal).
Su proceso pinta para largo y el encarcelamiento dejó a la sección sindical acéfala.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (del que disiente la coordinadora en que milita la 22) debiera nombrar una comisión ejecutiva y convocar a elección de nueva dirigencia, lo que se advierte improbable.
Por lo pronto, a los profes de base no debe gustarles nada que, con cargo a sus cuotas, los líderes hayan recibido moches en las compras de licuadoras, refris, televisores y demás electrodomésticos.
Si “el que la hace la paga”, como dijo ayer el gobernador Eruviel Ávila, y si Osorio y Nuño respetan la ley y piensan en el 18, no parece que el gobierno de Peña termine reculando.
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