Dos o tres minutos después de que Enrique Peña Nieto presentó a su nuevo subordinado, Virgilio Andrade, como secretario de la Función Pública, y de saberse la riesgosa instrucción que le dio, pero que despierta suspicacias obvias, empezaba a hacerse tarde para conocer también los nombres de insospechables instituciones y/o personas que juzgarán la consistencia de las investigaciones acerca de probables conflictos de interés en tres compras envenenadas:
–La casa que el Presidente compró en 2005 a la desarrolladora de la familia San Román en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan de la Sal.
–La que su esposa tiene desde 2010 en las Lomas de Chapultepec, y a la que añadió un terreno, dijo ella, comprado a plazos a una inmobiliaria del contratista Juan Armando Hinojosa.
–La que el secretario de Hacienda y Crédito Público le compró al mismo contratista en Malinalco, en 2012.
A tres meses del primer escándalo, el tardío anuncio debió, cuando menos, estar acompañado de la identidad de quienes calificarán la probidad de la investigación.
