Ninguna prisa debiera correr para consignar las distintas acusaciones que el Ministerio Público federal abrió después de 2001 contra Joaquín Guzmán Loera.
Capturado en junio de 1993, procesado y sentenciado a 20 años de prisión, pero fugado cuando llevaba ocho años encarcelado, a El Chapo se le pudiera, antes que nada, cobrar los 12 años que debe para cumplir su condena original.
Más importante aún: menos prisa debiera tener el presidente Enrique Peña Nieto, en cuya voluntad recaería la decisión, para satisfacer los apetitos de extradición de al menos cinco jurisdicciones estadunidenses (la primera fue anunciada ya por la fiscal general en el Distrito Este de Nueva York), porque la intensidad de los reflectores del éxito que encendió la detención del sábado disminuiría si el gobierno mexicano permitiera la deplorable interpretación de que es incapaz de conservar al capo di tutti capi en una celda segura.
Ninguna prisa, pues, mientras no se vayan desahogando los nuevos procesos que la PGR, cómodamente, bien puede ir dosificando.
