Contra lo que afirman quienes promueven desconfianza y paranoia, el marco legal para el involucramiento del Ejército y la Marina Armada en tareas policiacas no implica suspender las garantías individuales ni conduce a decretar estados de excepción.
Se trata de:
1. Precisar lo que represente para la población civil una amenaza y su grado de intensidad, a fin de resolver si el tema es de seguridad pública o de seguridad interior.
2. Definir si la decisión de enviar las tropas es responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Pública o del Gabinete de Seguridad Nacional.
3. Determinar el área de acción militar y establecer plazos para terminarla.
La salida de los cuarteles comenzó hace diez años a petición del gobernador de Michoacán para neutralizar la carnicera narcodelincuencia de una de las bandas del narcotráfico, y desde entonces basta que un mandatario estatal confiese que no puede con la inseguridad común para solicitar soldados... hasta para cuidar escuelas y cruceros de calles.
De ahí la urgencia de que se legisle.
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