El asalto a la razón

¿Qué diablos negocia Gobernación con la CNTE?

Al día siguiente del oso que protagonizó en Madrid un puñado de vividores “comprometidos” con la causa demencial de atribuirle… ¡la matanza de Acteal!, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, aseguró a nuestro corresponsal José Antonio López que, con los movilizados contra la nueva legislación educativa, “se puede pactar todo, menos la reforma educativa…”.

No el “todo”, pero algo, sin duda, se viene tratando de convenir en las tan sobadas “mesas de negociación”, desde hace varios meses, en torno de las cuales vienen achatándose las nalgas los líderes visibles de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los gobernadores de las entidades más afectadas por este vergonzante movimiento político-económico y el equipo que encabeza el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.

Se sabe que la sección 22 de Oaxaca pretende se le soborne con el manejo de 115 millones de pesos dizque para mejorar el funcionamiento de 14 escuelas normales (en realidad centros de formación de nuevos militantes y cuadros dirigentes), y que su demanda cuenta con el apoyo lacayuno del Instituto Estatal de Educación.

También se conoce la exigencia de que cuatro hombres y una mujer, bajo proceso por el probable secuestro de dos niños (sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial), todos militantes del Frente Amplio de Comunidades Marginadas y algunos con credencial de “profesores” afiliados a la CNTE, sean puestos en libertad.

¿Gobernación “negocia” presupuestos educativos y procesos judiciales, anulando así las funciones de la SEP y violentando la división de poderes?

El jueves por la noche se dio a conocer un documento, el único hasta hoy del que se tiene noticia, de cuatro páginas con logotipo de esa secretaría, en apariencia conjunto pero firmado solo por el subsecretario Miranda Nava, claramente separado en su segunda parte de siete puntos por la leyenda: Planteamientos y compromisos asumidos por parte del gobierno federal en relación con la reforma educativa.

La primera contiene ocho puntos que huelen a peticiones, casi todas obvias y armónicas con la nueva legislación, pero dos, aunque se antojan explicables, llaman la atención: que los maestros participen “de manera activa en el diseño de sus evaluaciones”, y que las autoridades “no podrán designar nuevos maestros de manera discrecional”, sino admitirse únicamente a quienes “cuenten con vocación de servicio y preparación académica”. 

Tiene sentido que en la concepción y creación del nuevo Instituto de Evaluación se tomen en cuenta las opiniones del profesorado nacional (no solo de la CNTE) y es ya imposible que la autoridad asigne nuevas plazas a discreción porque todas deben someterse a concursos de oposición (exámenes de aptitudes).

De los “compromisos” del gobierno federal ni uno solo deja de corresponder a la reforma constitucional educativa, de modo que, al menos en la “negociación” oficial, nada es para que se apanique  nadie...

cmarin@milenio.com