En sus oficios (de febrero y marzo a la Cámara de Diputados) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en la materia coinciden en que una Ley de Seguridad Interior no resolverá la violencia desatada por las bandas del crimen organizado ni las causas de un problema tan complejo y estructural.
Desde luego que no.
Sin embargo, ambas instancias exhortan a los legisladores a debatir esa ley lo más ampliamente posible, pero comparten el criterio de que hoy por hoy es necesaria la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia.
Los días recientes en Tierra Caliente, la semana anterior los huachicoleros de Puebla y diez años de horror en Tamaulipas y otros estados demuestran que hay cientos de miles de pobladores que delinquen por conveniencia o bajo amenaza letal.
De los militares, “casi nadie está pidiendo un retiro inmediato, ni nuestra oficina... tampoco un retiro súbito...”, aclara el Alto Comisionado.
Entonces, pero ya, más debate y la necesaria ley que, como todas, no será perfecta sino mejorable...
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