La participación de la sociedad civil en la vida pública viene minando la perniciosa verticalidad que, por fortuna, comenzó a demolerse con las alternancias en la Presidencia de la República y en las gubernaturas.
Sin embargo, ese avance ha puesto en entredicho la institucionalidad (“al diablo con las instituciones...”) que mucho se fortalece con las aportaciones de particulares.
Esto viene a cuento por el asquito que a muchos provocan los nexos partidistas de prospectos a ocupar cargos de responsabilidad pública.
Un hombre probo, Mario di Costanzo, encabeza la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y nadie podría demostrar que responda a los intereses del lopezobradorismo del que provino.
Las impugnaciones que cerraron la Suprema Corte a Raúl Cervantes para ser ministro y las actuales para que, por sus ligas con el PRI, no sea fiscal anticorrupción, son tan violatorias de los derechos humanos como lo serían contra otros de distintas filias partidistas.
Peor: son como si se vetara a quienes procedieran de la (también vulnerable) sociedad civil.
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