La incorporación “a la institucionalidad” que suscribieron ayer los jefes de las autodefensas con los gobiernos federal y estatal en Tepalcatepec implica una serie tan, pero tan compleja de condicionamientos, que los “acuerdos establecidos” ayer parecen tardías cartas a Santaclós.
Entre los millares de civiles armados que, sin duda, han sido decisivos para la virtual neutralización de los templarios, ¿cuántos como Estanislao Beltrán (Papá Pitufo, le apodan sus camaradas), para volverse defensas rurales, cumplen con ser ejidatarios o descendientes directos “en edad militar” (abundan los menores y de la tercera edad); no tener antecedentes “criminales ni policiacos”; ser “afines al gobierno de la República”; ser elegidos “por mayoría de votos en asamblea celebrada por la comunidad ejidal”?
¿Cuántos aceptarán subordinarse a “militares profesionales”; a ser encuadrados en “unidades en activo” del Ejército y a quedar sujetos “al fuero de guerra”, como prevé el ordenamiento legal?
Y eso sin contar lo de las armas, que se avizora pior…
