Entre los jerarcas católicos que le sacan la vuelta a lineamientos del Vaticano y a las leyes mexicanas para encubrir a sacerdotes pederastas está el incontinente (y repentino autodefensa) obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
A pesar de que el Código de Procedimientos Penales de Coahuila establece que “toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señale como delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de la policía”, este ministro bendice sucios “acuerdos notariales” en vez de procurar que los responsables vayan a la cárcel.
Por María Eugenia Jiménez Cáliz (en este diario, 2 de febrero) se sabe que en enero Vera tuvo que reconocer que encubrió a curas bajo su autoridad.
En la misma nota está la opinión del ex sacerdote que destapó los abusos de Marcial Maciel, Alberto Athié:
No se debe ni se puede llegar a ningún “acuerdo” entre victimarios y encubridores. “Ya basta de buscar procedimientos para ocultar a los abusadores y evitar que sean castigados…”.
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