A punto de concluir su gestión, el ministro presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, presentó ayer el ansiado Protocolo de Actuación para quienes juzgan delitos de tortura y malos tratos, entre éstos los relacionados con encubrimientos, intimidaciones o sobornos judiciales.
Jueces, magistrados y ministros no deberán ya, por ineficiencia o corrupción, consentir prácticas tan deleznables como la incomunicación, los castigos corporales, las “confesiones” obtenidas mediante tortura, el confinamiento solitario, la desaparición forzada de personas ni los hacinamientos.
A la presentación acudió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos quien, en coincidencia con Silva Meza, resaltó que en México existen dos mundos: el normativo y el real.
La desconfianza en las autoridades es tal, dijo, que la defensa de esos derechos “se ve en las calles, en la ciudadanía, en las demostraciones públicas” y en los salones de clases.
Urge por ello “la mejor respuesta posible”, pero esta situación pinta para largo…
