Al Derecho

Leyes reglamentarias

Manuel Herrera y Lasso (1890-1967) fue un constitucionalista mexicano muy prominente, en 1912 fue uno de los fundadores de la Escuela Libre de Derecho, en 1919 desde la tribuna de la Cámara de Diputados erigida en Gran Jurado defendió al general Nicolás Flores, gobernador del estado Hidalgo, quien había sido acusado por negarse a publicar la Constitución expedida por la Legislatura local en 1917.

Por su oposición a la persecución religiosa tuvo que exiliarse en Cuba,  en 1929 fue nombrado representante del episcopado ante la Secretaría de Gobernación, escribía artículos periodísticos desde los 18 años, fue columnista de El Universal y del Excélsior, publicó estudios sobre temas políticos y constitucionales, en 1939 fue uno de los fundadores del PAN, partido en el que siempre militó y del que fue candidato a diputado en varias ocasiones, no obstante lo cual desde 1950 y hasta su muerte fue abogado consultor de los presidentes Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, de la Cámara de Diputados y de la Procuraduría del Distrito Federal.

En sus escritos jurídicos además de transmitir su sapiencia jurídica, hacía críticas consistentes, en uno de sus estudios sobre el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos advertía de los vicios institucionales que subvierten el orden jurídico establecido por la Constitución, deformando su estructura y falsificando su funcionamiento y denunciaba como una norma destructora del régimen federal el contenido del artículo 108 por incluir a los gobernadores en el sistema de responsabilidades federales.

En septiembre de 1947 Herrera y Lasso afirmaba, el presidente Alemán promovió la reforma constitucional al título cuarto sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos,  “la iniciativa, inspirada en un alto propósito de ética política y formulada con estudio técnico, tiene el decoro y el sentido de perennidad necesarios en una reforma constitucional que nunca debiera ser –como tantas veces lo ha sido entre nosotros-, veleidad ocasional provocada por las efímeras y con frecuencia turbias, exigencias del momento”. 

Añadía, “aprobada la iniciativa con algunas modificaciones, su vigencia quedó supeditada a la publicación de la ley reglamentaria que ocho años después todavía no se ha formulado… La reforma de 1947 ha quedado, por ello, en la precaria situación de una reforma consumada y sin vigor”. Las leyes reglamentarias son las que desarrollan un precepto constitucional (ahora se les denomina también “legislación secundaria”).

Además de criticar lo tardío de la entrada en vigor de esa reforma como consecuencia de que la misma estaba supeditada a que se expidiera la respectiva ley reglamentaria, Herrera señalaba como vicio institucional no corregido, la responsabilidad federal de los gobernadores, pues para él la inclusión de estos funcionarios estatales en sistema de responsabilidades federales era violatorio de la Constitución.

Hace 70 años el presidente Alemán promovió una reforma para mejorar la ética pública, hace 35 años el presidente de la Madrid hizo lo mismo, en el 2012 se inició el proceso para crear un Sistema Nacional Anticorrupción y no obstante que desde el 2015 se modificó la Constitución, las leyes reglamentarias federales aún no han entrado en vigor.

En el ámbito de las entidades federativas, a más tardar el 18 de julio, las legislaturas deberán aprobar un conjunto de leyes reglamentarias para prevenir, sancionar y combatir la corrupción, ordenamientos que deben ser congruentes con el sistema nacional. Ha habido opiniones en el sentido de que sería suficiente que los estados aplicaran la Ley General de Responsabilidades Administrativas sin necesidad de que se crearan sistemas diferentes en cada entidad federativa, pero eso no es procedente ya que es imperativo que los estados expidan sus propias leyes, además de que la Ley General será de difícil aplicación.

Las entidades federativas tienen un reto, mejorar sustancialmente el contenido de sus leyes reglamentarias, para lo que mucho ayudaría definir claramente el objeto de cada ordenamiento, precisar las conductas que constituirán las faltas sancionables, y sobre todo, establecer procedimientos ágiles y sencillos que hagan posible sancionar las conductas indebidas, ya que ahora esos procedimientos sancionatorios son tan complejos y garantistas que es casi imposible que  concluyan con la imposición de sanciones, esto sin contar la protección que casi siempre se concede en los juicios de amparo a los acusados.

Si el profesor Herrera y Lasso viviera seguramente se hubiera opuesto a las reformas constitucionales que han desnaturalizado nuestro teórico federalismo y sería muy crítico de las leyes reglamentarias que han distorsionado el orden jurídico en México.

Durante los últimos meses tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso del Estado, a los diputados y al personal de la Dirección Jurídica les expreso mi gratitud por su confianza y apoyo.

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