Al Derecho

Democracia de ejercicio

Pierre Rosanvallon, profesor de historia y política en el Colegio de Francia, en el libro El buen gobierno (Manantial, 2015) explica el paso “de una democracia (de apropiación) a otra (de ejercicio)”, sostiene que si bien nuestros regímenes son democráticos, no se gobierna democráticamente, y esa es la gran grieta que nutre el desencanto y el desasosiego actual, realidad que no debe disimular otro hecho, todavía insuficientemente identificado, el de un mal gobierno que también corroe a fondo nuestras sociedades.

Al hablar de la “democracia de apropiación” estudia la relación gobernados-gobernantes, destaca que la legitimidad de los gobernantes y de los agentes públicos en general está en función de la apreciación de su comportamiento, y afirma, para definir la calidad democrática de un gobierno debe distinguirse tres figuras: legibilidad, responsabilidad y responsividad. La legibilidad  lo identifica con la Accountability (rendición de cuentas), con el ojo del parlamento sobre el gobierno y con los ojos del pueblo puestos sobre sus representantes. La responsabilidad la define como “el pasivo que viene a equilibrar el activo de todo poder”. La responsividad la explica como el derecho que tienen los ciudadanos de ser escuchados y representados por todos aquellos a quienes han elegido, ya que la palabra que han hecho oír en las urnas se disuelve en los recintos parlamentarios, en tanto que los gobernantes parecen afectados de sordera.

En el capítulo “La democracia de confianza” describe las figuras del buen gobernante y hace un esbozo del príncipe virtuoso. Señala que en la era presidencial se afirma la importancia de las personas y la calidad de los actores políticos se convierte en una variable clave del juicio de los ciudadanos, al igual que la eficacia de la acción. Enfatiza que el restablecimiento de una relación democrática entre gobernados y gobernantes pasa antes que nada por la recreación de un vínculo de confianza, hoy sumamente degradado, de ahí que para afianzar esa relación de confianza propone dos cualidades esenciales: la integridad, que permite dar una información importante sobre la calidad de las personas y la adecuación moral a una función, además de efectuar una forma de identificación entre esas personas y las responsabilidades que ejercen; y el hablar veraz, cualidad que permite construir una relación de confianza. 

En las conclusiones Rosanvallon afirma, “en estas páginas se ha trazado a grandes rasgos cinco principales figuras de la democracia de ejercicio (legibilidad, responsabilidad, responsividad, integridad y hablar veraz)”, y de manera alusiva se ha hecho mención a la cuestión indudablemente decisiva de las instituciones y sus actores, al convocar a la constitución de “nuevas organizaciones democráticas”.

Agrega, una democracia que se preocupe por desarrollar la calidad de su funcionamiento podría organizarse alrededor de tres polos: un consejo del funcionamiento democrático, custodio de los principios jurídicamente formalizables de la democracia de ejercicio (la integridad de los gobernantes y la transparencia de las acciones e instituciones antes que nada); comisiones públicas encargadas de la evaluación de la calidad democrática de la determinación de las políticas públicas y las prácticas de las estructuras administrativas, así como de la organización del debate público en torno a los campos abordados, y organizaciones de control ciudadano especializadas en la vigilancia de los gobernantes (en materia de responsividad, de ejercicio de las responsabilidades o de crítica de la palabra política, por ejemplo) y que lleven a cabo un trabajo de implicación, formación e información de los ciudadanos. Explica, estos tres tipos de organizaciones constituirían los pilares de una democracia de ejercicio, el Consejo de funcionamiento democrático, organizado sobre una base colegiada, además velaría por la protección de los reveladores de irregularidades, para ser eficaz debería tener una capacidad propia de investigación y estar en condiciones de dar órdenes vinculantes a la administración y las personas, podría publicar un informe anual sobre el estado de la democracia y los gobernantes deberían explicarse públicamente sobre sus críticas y pronunciarse sobre sus sugerencias. También se propone que tenga un status constitucional (una especie de cuarto poder).

Las comisiones públicas serían órganos permanentes de evaluación de la calidad democrática de los modos de determinación y gestión de políticas públicas, tanto en materia de asociación de los ciudadanos a su implementación como de legibilidad de sus efectos económicos o sociales. A su vez, las organizaciones de control ciudadano serían asociaciones o fundaciones de interés público que podrían promover la expansión de un nuevo tipo de implicación ciudadana, apuntada a combatir las formas de mentira, manipulación y disimulo que obstaculizan la creación de un gobierno abierto.

La segunda revolución democrática o democracia de ejercicio giraría en torno a esas propuestas, y superaría a la primera que se centraba solo en la democracia electoral, según Rosanvallon.

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