Al Derecho

Delitos electorales

En la Ley General en Materia de Delitos Electorales se señalan los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias, las formas de coordinación de los tres órdenes de gobierno y la remisión a las leyes penales.

En el capítulo de los delitos electorales se establecen decenas de conductas en las que pueden incurrir los ciudadanos, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, candidatos o servidores públicos, y que podrán ser sancionadas con penas de multa (desde cincuenta hasta cuatrocientos días) o penas de prisión (desde seis meses hasta nueve años) según corresponda.

En el artículo en el que se precisa el mayor número de supuestos, se dispone que se impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: vote sabiendo que no cumple los requisitos de la ley; vote en más de una ocasión en la misma elección; haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados; obstaculice o interfiera el desarrollo normal de la votación, escrutinio y cómputo; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas, introduzca boletas falsas, o usurpe el carácter de funcionario de casilla.

Otras conductas sancionables con esas penas: recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar; solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, o bien mediante la violencia o amenaza, o presionar a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos.

De la misma manera se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar en determinado sentido.

Otras conductas punibles que se sancionan con esas penas a quien: solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto; vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular; organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada, con la finalidad de influir en el sentido del voto; se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales, así como equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar.

Se castigará con las penas mencionadas: obstaculizar o interferir el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales; impedir la instalación o clausura de una casilla; publicar o difundir, por cualquier medio, durante los tres días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos; realizar por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio; perturbar el orden o el libre acceso de los electores a la casilla; abrir, sin causa justificada, los paquetes electorales o retirar los sellos.

También quienes proporcionen fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña; expedir o utilizar facturas o documentos comprobatorios de gastos de partidos o candidatos, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados; o proveer bienes y servicios a las campañas sin formar parte del padrón de proveedores autorizados por el órgano electoral administrativo.

En el caso de funcionarios partidistas o candidatos las sanciones se incrementan,  y se agregan como conductas punibles: abstenerse de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o eventos proselitistas de campaña, ocultar, alterar o negar la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral.

Los servidores públicos pueden ser sancionados con prisión de dos a nueve años si coaccionan, inducen o amenazaran a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales o el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones a la emisión del sufragio en determinado sentido, o destinen, utilicen o permitan la utilización, de manera ilegal de fondos o bienes que tengan a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo a o perjuicio de un partido o candidato.  

Ciudadanos, candidatos, funcionarios partidistas y servidores públicos deben evitar incurrir en esas conductas.

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