Al Derecho

Cultura del buen gobierno

La cultura de la legalidad, dice Manuel Villoria, tiene un triple contenido: cultural, las actitudes de la ciudadanía hacia la legalidad se traduce en una incorporación subjetiva de deberes y la articulación de procesos de socialización que faciliten la aceptación del sistema, conjunto de valores, percepciones y actitudes que las personas tienen hacia las leyes.

El contenido formal o institucional supone el respeto al Estado de Derecho, que se traduce en el imperio de la ley, la aplicación coherente de ésta, la ejecución imparcial y efectiva de la norma, la observancia de los derechos humanos y una  efectiva seguridad jurídica.

La legitimación de las normas son los procesos que permiten hacer propia la norma y las instituciones, requiere que las normas hayan sido elaboradas con la participación de los afectados, que esas normas sean necesarias, claras y que existan formas de controlar su cumplimiento, esas normas además deben contribuir al bienestar y a la justicia colectiva y generar respeto y preocupación por el bien común.

En estrecha relación con la cultura de la legalidad surge el concepto de buen gobierno. El buen gobierno es algo más que buena administración, si bien supone una buena administración no se reduce a ella. El buen gobierno es el que responde a las preferencias y valores mayoritariamente configurados a través del debate político y el conflicto social, está abierto al escrutinio y retroalimentación de los ciudadanos, las comunidades y la sociedad en su conjunto.

El buen gobierno, agrega Villoria, exige integridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad democrática. El gobierno debe ser controlado día a día por órganos competentes y por una sociedad civil atenta y comprometida; el buen gobierno supone integridad, responsabilidad y participación, se traduce en el imperativo de la ética en el servicio público, rendición de cuentas claras y control social.

El buen gobierno promueve la ciudadanía, la integración y la discusión pública, fomenta la participación de los ciudadanos en el diseño y la prestación del servicio, determina la agenda de las políticas públicas, facilita y gestiona soluciones sostenibles para los problemas públicos, difunde la información para enriquecer el debate y promueve una visión compartida de los asuntos públicos.

El buen gobierno implica reconocer que para que se hagan las cosas no basta solo la jerarquía y la autoridad sino también la deliberación, la participación y el acuerdo social. De ahí que el buen gobierno es un gobierno integro, responsable y participativo.

La estrecha conexión que existe entre buen gobierno e integridad supone que cada agente público se debe desempeñar con una conducta integra, dentro de un sistema capaz de prevenir adecuadamente la corrupción y que cada institución u organización debe contar con instrumentos, procesos y estructuras que promuevan y fomenten la ética en el servicio público.

Estas ideas y conceptos pueden ayudar en el proceso de implementación del sistema estatal contra la corrupción, cuyo objetivo único no sólo debería ser el combate a la corrupción sino establecer una nueva cultura en la que los servidores públicos asuman y se conduzcan con los principios y valores de la ética pública. Principios y valores que se han establecido y divulgado en los últimos veinte años a partir del Informe que Lord Nolan presentó sobre el funcionamiento del Parlamento y el Gobierno británico en 1995, el estudio de la OCDE de 1997, la suscripción de varios instrumentos en el marco del Derecho Internacional y la expedición de leyes y códigos en diversos países.

Las iniciativas para crear el sistema estatal anticorrupción  demuestran que en Jalisco existe un compromiso político de las diferentes fuerzas para elaborar un marco legal eficaz que prevé la existencia de organismos coordinadores para promover, asesorar y vigilar el desempeño adecuado en el servicio público, establece nuevos (y muy complicados) mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas, incorpora la participación y el escrutinio público a través de la presencia activa de la sociedad civil para vigilar la adecuada conducta de los servidores públicos, y algo deseable sería que se le diera más énfasis al fomento de la ética pública como una medida preventiva y una práctica para mejorar las funciones del gobierno.

Un axioma sostiene que no puede haber buen gobierno sino existe una buena sociedad, por eso es importante que ciudadanos y gobernantes asuman una dimensión ética que implica una nueva cultura de la legalidad y una nueva responsabilidad en el servicio público.

Las nuevas normas pueden ayudar a fomentar la cultura de la legalidad, pero como dice Adela Cortina, la confianza no se logra sólo multiplicando los controles, sino reforzando los hábitos y las convicciones éticas.

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