Al Derecho

Supremacía gay

No soy homofóbico y no estoy en contra de que se reconozcan los derechos de los homosexuales a compartir su vida, pero me declaro defensor del respeto a la supremacía de la Constitución y a las competencias que asigna a los estados.

La Suprema Corte ha jugado un papel activo no solo como intérprete de la Constitución sino como un órgano que pretende legislar, en no pocas ocasiones ha excedido su ámbito de competencia, y si eso no fuera suficiente también intenta convertirse en una institución que pretende definir una nueva moral social para los mexicanos, basta analizar varias de sus decisiones y de manera particular las relativas al matrimonio.

En su voto concurrente en la Acción de Inconstitucionalidad 28/2015 el ministro presidente Luis María Aguilar sostuvo: “la exclusión de las personas homosexuales a la institución del matrimonio incide directamente en el libre desarrollo de la personalidad que, como ya lo ha señalado este Pleno, implica el reconocimiento del estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas y objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera”. ¿De verdad una persona puede conducirse en la sociedad “sin coacción ni controles o impedimentos”? Y agrega, “excluir el matrimonio para las parejas homosexuales, esto es, en atención a su orientación sexual, incumple con la finalidad legítima de proteger a la familia”. ¿De qué manera el matrimonio entre homosexuales fortalece a la familia?

Como se reconoce ampliamente en la exposición de motivos de las iniciativas presidenciales para adicionar el artículo 4º. de la Constitución y para reformar y adicionar 50 artículos y derogar otros 40 preceptos del Código Civil Federal, la postura de la Corte fue la que más influyó para promover el matrimonio homosexual, reconocer el derecho de los homosexuales para adoptar, y para garantizar la identidad  de género, esto es, el derecho de todas las personas para “reasignar su sexo” (poder cambiar de identidad sexual en cualquier momento).

La iniciativa de reforma a la Constitución plantea un problema de constitucionalidad ya que los actos del registro civil son competencia de los estados (artículo 121-IV CPEUM), por esta razón, quienes redactaron esa iniciativa debieron haber nulificado también esa facultad de los estados, atribución que es una de las piedras angulares de todo sistema federal.  

De aprobarse como se propone el artículo cuarto quedaría: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio”, esta frase es inocua, no define el matrimonio, no reconoce expresamente el derecho de los homosexuales (en el texto de ese artículo se dirá, de manera general, que no puede haber discriminación por motivos sexuales), tampoco señala los fines del matrimonio, mucho menos los requisitos, trámites y el procedimiento, ya que eso es competencia de los estados, aspecto que los legisladores deben reforzar.

En la exposición de motivos de las reformas al Código Civil Federal se señala: “el matrimonio es una forma, entre otras, de formar una familia”; “las personas pueden decidir formar una familia por una vía distinta al matrimonio, de ahí que la institución del matrimonio, como una de las diversas formas de integrar una familia se sostiene, primordialmente, en los lazos afectivos, sexuales, de identidad de género y de compromiso mutuo”. El matrimonio se define como “la unión libre de dos personas mayores de edad con la intención de vivir una vida en común”.

El derecho de los homosexuales para adoptar en igualdad de condiciones que los heterosexuales se reconoce, al igual que el derecho a la identidad de género, según los Principios de Yogyakarta (aprobados en la ONU) que establecen: “La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad”.

La celebración de los matrimonios se regula por los códigos civiles de los estados, (el Código Federal rige en los consulados y en los barcos), por eso me parece muy burdo –y antijurídico- que en la iniciativa se señale que los estados deberán realizar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho de que la persona defina por y para sí su identidad de género.

Esta inoportuna iniciativa que por ahora ha puesto la supremacía gay por encima de la supremacía constitucional le puede costar al PRI varios cientos de miles de votos.

csepulveda108@gmail.com