Al Derecho

Retos de la justicia

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Silva Meza al rendir su informe de labores correspondiente al año 2014, ante la presencia del presidente Peña Nieto, manifestó que “la actual crisis no se solucionará con el paso del tiempo ni con el silencio de las instituciones” y sostuvo que “ahora más que nunca es necesaria la autoridad moral de las instituciones”.

Hablar de autoridad moral supone aceptar que la conducta pública y privada debe ser ejemplar, por autoridad moral debe entenderse no solo la actuación con apego a la ley de quienes presiden, representan o sirven en cualquier institución pública, sino la exigencia de que su trabajo esté encausado al bien común ya que su misión es proteger los derechos humanos, garantizar la seguridad y trabajar honestamente para que prevalezca la justicia y la equidad como condiciones básicas para poder acceder a mejores condiciones de bienestar. Por lo que se refiere al “silencio de las instituciones” debemos entender que la realidad no debe ocultarse ni tergiversarse, menos intentar acallar las críticas.

El ministro Silva Meza exhortó a los jueces a “ser sensibles y trabajar con la sociedad, no por encima de ella”. Esta frase debería quedar inscrita en los muros del lugar en donde fue pronunciada y grabada en la mente y en la conciencia de todos los servidores de la justicia y debe influir para hacer a un lado la equivocada mentalidad decimonónica (o quizás medieval) de que los jueces forman de un estamento al que no se le debe escrutar con los mismos parámetros que a las demás instituciones y que entre más lejos de la sociedad, mejor para ellos.

En ese discurso el ministro Silva exigió a los jueces mayor responsabilidad social y les dijo, “la sociedad rechaza mantener el sistema de justicia tal como lo conocemos”, por eso “se debe escuchar este reclamo, atender el hartazgo mediante una actitud renovada que permita ofrecer, en cada acto, un servicio sensato, diligente y razonable”. El servicio de justicia debe mejorarse en todo.

Al hablar del combate a la corrupción sostuvo que se debe perseguir con rigor cualquier conducta indebida pues no es justo que el prestigio de la gran mayoría se vea empañado por actos de unos cuantos. Los datos del informe revelan que en el 2014 de los miles de empleados de la Suprema Corte  se llevaron 205 asuntos de responsabilidad, se impusieron 63 sanciones administrativas (39 fueron apercibimientos privados que ni siquiera llegaron a ser amonestaciones) y solo se destituyó a una persona, lo que demostraría una casi total probidad entre el personal de la Corte. ¿Verdad real o verdad legal?

Entre los datos más relevantes de la tarea jurisdiccional destaca que el Pleno recibió 7,747 asuntos, 113 fueron acciones de inconstitucionalidad (se admitieron 103), el 83 por ciento fueron impugnaciones contra leyes de legislaturas locales y el 69 por ciento fueron promovidas por los partidos políticos; se recibieron 121 controversias constitucionales (se admitieron 88), de las presentadas el 72 por ciento fueron interpuestas por municipios o delegaciones, el 19 por ciento por los estados (Oaxaca y Morelos presentaron 39 controversias) y el 9 por ciento por la Federación. Además se tramitaron 3,371 amparos directos y en revisión, se ejerció la facultad de atracción en 287 asuntos, se revisaron 2,060 recursos y se trataron cientos de otros asuntos en 137 sesiones públicas y 50 privadas del Pleno, además de 157 sesiones de las dos salas.

Por su parte el Consejo de la Judicatura Federal (Tribunales de Circuito y Unitarios y Juzgados de Distrito) recibieron 1’013,188 asuntos (el 60 por ciento corresponden a temas penales y administrativos, el 40 por ciento a materias civil y laboral), el 51 por ciento del total de asuntos son amparos indirectos. Estos números demuestran el abuso de los mexicanos por el amparo, la mayoría de los cuales utiliza esta forma de justicia para no ser detenidos, no pisar la cárcel, salir de ésta, no pagar impuestos, multas, adeudos o para obtener beneficios económicos.

La justicia mexicana es de muy mala calidad baste decir que los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución que obligan a administrar (impartir) justicia en forma expedita, imparcial y gratuita son al mismo tiempo sus mayores retos, erradicar los sobornos e impartir justicia pronta e imparcial.

 

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