Al Derecho

Reforma político electoral

La tradición sexenal de hacer reformas constitucionales en materia electoral ha culminado en una de sus etapas al publicarse en el Diario Oficial el Decreto que contiene la modificación a 26 preceptos de la Constitución y la incorporación de 21 artículos transitorios nuevos.

A la gran reforma de 1977 que reconoció rango constitucional a los partidos y amplió la representación en el legislativo se suman la de 1990 que creó el IFE, la de 1993 que estableció el financiamiento público y un Tribunal Electoral (no como parte del Poder Judicial), la de1994 que ciudadanizó el IFE, la de 1996, conocida como “reforma definitiva”, la del 2007 que fijó nuevas reglas para el financiamiento a los partidos,  la del 2012 que  consagra el derecho de los ciudadanos para presentar iniciativas de ley mediante la iniciativa popular  y reconoce el derecho de votar en las consultas populares que se realicen sobre temas de trascendencia nacional.

Esas reformas han seguido un rumbo zigzagueante, en principio se fomentó el reconocimiento de nuevos partidos, facilitó su integración en el Congreso de la Unión, estableció el sistema de representación proporcional en favor de las minorías, redujo el porcentaje necesario para acceder, incrementó el número de diputados y senadores, impuso la ciudadanización de los organismos electorales y después, casi de inmediato, se decidió que lo mejor era la profesionalización de éstos, lo que demuestra lo inacabado de estos procesos.

Lo único consistente es que esos cambios produjeron instituciones y presupuestos gigantescos para cubrir los crecientes subsidios a partidos y agrupaciones políticas, así como para pagar la burocratización del IFE que a sus 13,000 empleados debe agregarse varios miles de los órganos locales.

Si en los presupuestos del país se destinan más de 20,000 millones de pesos anualmente para el financiamiento de los partidos y el pago de más de 20,000 funcionarios electorales profesionales que tienen como tarea esencial instalar las casillas que recibirán la votación durante las 10 horas que dura la jornada, y si las elecciones son cada tres años, los ciudadanos, en esos 600 minutos que tienen la posibilidad de ejercer el voto, equivale a que cada minuto de votación tiene un costo de 100 millones de pesos (más lo que erogan los partidos y candidatos). Todo ello, en conjunto, demuestra que el sistema electoral mexicano es el más regulado, burocrático y costoso  del mundo.

Con la nueva reforma se incrementará el gasto electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) que sustituye al IFE, se integrará con un presidente y diez consejeros (dos más) y además de organizar los procesos federales también conducirá los estatales, pues no obstante que se dispone que las elecciones locales estarán a cargo de los organismos locales, también se ordena que sus integrantes serán designados por el Instituto Nacional y que si ocho consejeros de este órgano lo deciden, podrá asumir la realización de su actividades o atraer a su conocimiento cualquier asunto competencia de los consejos locales, lo que demuestra que éstos quedarán sometidos a la autoridad central y esa sujeción se disfraza un poco solo porque los estados seguirán destinando cuantiosos recursos al financiamiento de partidos y al pago de la nómina de los institutos locales.

En lo político, lo más relevante de la nueva reforma es que se amplía a tres por ciento el umbral de los partidos para acceder a la representación; se restablece la posibilidad de ser reelectos, derecho que había sido suprimido en 1933, ahora los senadores podrán serlo por dos periodos, los diputados hasta por cuatro periodos, los diputados locales también hasta por cuatro periodos, y los presidentes municipales y regidores solo podrán tener un periodo más. El Senado asume nuevas atribuciones, ratificar a los Secretarios de Estado, aprobar la estrategia nacional de seguridad pública, integrar la lista y nombrar al Fiscal General (tendrá vigencia a partir de 2018). Las elecciones serán el primer domingo de junio, la fecha de la toma de posesión del Presidente será el 1 de octubre (aplicará a partir del 2024), el Presidente podrá optar por un gobierno de coalición, que deberá contar con la aprobación del Senado.

Las ocho reformas en estos seis sexenios contienen reglas impuestas por las oposiciones más que claridad y sencillez en las normas jurídicas.

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