Al Derecho

Reforma anticorrupción

Hace un año los senadores del PRI y del Partido Verde presentaron la primera iniciativa para crear una Comisión anticorrupción,  después, senadores perredistas y varios panistas presentaron tres iniciativas con el mismo propósito, por las importantes reformas aprobadas en los últimos meses las comisiones correspondientes no emitieron un dictamen con mayor celeridad.

El 13 de diciembre pasado, el Senado aprobó el Decreto que modifica los artículos 73, 109, 113, 114 y 116 de la Constitución con objeto de otorgarle facultades al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y combate a la corrupción, ordenamiento a través del cual se regulará el funcionamiento y organización del órgano responsable de combatir la corrupción a nivel federal y de las entidades federativas.

En esa ley se determinarán las obligaciones de los servidores públicos a fin de –como dice el texto actual y reformado del artículo 113 constitucional- salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones, y se establecerán las responsabilidades, sanciones administrativas y procedimientos que deriven de hechos calificados como de corrupción.

Las atribuciones del nuevo órgano serán prevenir, investigar y sancionar las responsabilidades administrativas que deriven de hechos que la ley califique como actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Federación, personas físicas o morales privadas que resulten involucradas o beneficiadas en esos hechos, será competente para conocer, por la vía de atracción, hechos que sean competencia de las entidades federativas y los municipios, se le otorga la categoría de organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio (¿se denominará Comisión Nacional Anticorrupción como originalmente se propuso?).

El nuevo organismo estará presidido por un titular que designará la Cámara de Senadores a propuesta de los grupos parlamentarios, los requisitos establecidos para el titular anticorrupción son los mismos que se exigen a los ministros de la Suprema Corte, con excepción de ser licenciado en derecho, y desempeñará el cargo por un periodo de siete años improrrogables. El nuevo órgano anticorrupción tendrá un Consejo Consultivo (seguramente en lugar del Consejo Nacional de Ética Pública que proponía la iniciativa del PRI) integrado por el titular, tres ciudadanos y tres representantes del Ejecutivo, IFAI y Auditoria Superior de la Federación.

Tarea primordial de este organismo será desarrollar programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como impulsar la cultura de la legalidad. El éxito del nuevo organismo dependerá de la eficacia con la que cumpla estas atribuciones pues los procedimientos sancionatorios no cambiarán mucho y puede que sigan siendo tan ineficaces como lo han sido durante los 30 años del actual modelo de responsabilidades.

¿Qué sigue? Que la Cámara de diputados apruebe el Decreto, que la mayoría de las Legislaturas locales dé su voto aprobatorio, una vez en vigor el Congreso tiene 120 días para expedir la Ley General, después, en 30 días, el Senado deberá designar al titular del nuevo órgano.

Por su parte, las entidades federativas, como consecuencia de esta reforma tienen la obligación de crear órganos especializados con plena autonomía para aplicar la ley anticorrupción, formar parte del sistema nacional de combate a la corrupción, coordinarse en las acciones de procuración de justicia, transparencia, acceso a la información y fiscalización superior (estos órganos no estarán limitados por los secretos bancario, fiduciario ni fiscal) y algo relevante, la Federación y las entidades deberán crear fiscalías especializadas para investigar y perseguir los delitos de corrupción.

Además, tendrán que establecer órganos especializados anticorrupción en un plazo no mayor de 90 días después de que entre en vigor la Ley General y a más tardar en un año, tienen que aprobar una serie de reformas legales necesarias para prevenir y reducir los riesgos de corrupción en materia de contratación, mejora regulatoria, simplificación de trámites y de procesos gubernamentales, servicio profesional de carrera, administración de recursos humanos, y sobre todo, para fortalecer la honestidad, la profesionalización, especialización y evaluación de los servidores públicos.

Prevenir y sancionar la corrupción más que buenas leyes requiere una cultura ética que establezca como práctica cotidiana la virtud de la honestidad en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el sector público.

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