Al Derecho

Proceso 2015

El primer domingo de junio del 2015 tendrán lugar los comicios en los que se elegirá a 500 diputados federales y autoridades locales en 18 entidades federativas, entre ellas Jalisco, en donde se renovarán los 39 diputados del Congreso del Estado y los integrantes de los 125 ayuntamientos.

El 10 de febrero de 2014 se publicó la reforma constitucional que entre otras modificaciones aprobó la creación del Instituto Nacional Electoral en lugar del IFE, la posibilidad de que esa autoridad pueda organizar los procesos locales, una mayor fiscalización de las finanzas de los partidos, un sistema de nulidades de elección más severo, fijó en un tres por ciento el porcentaje mínimo para que los partidos tengan derecho a acreditar diputados de representación proporcional y a mantener su registro; y un tema relevante, a partir de la elección del 2018 se permitirá que los senadores y diputados al Congreso de la Unión puedan ser reelectos hasta por dos y cuatro periodos consecutivos.

Se estableció como facultad del Congreso de la Unión expedir leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, esos ordenamientos fueron publicados el 23 de mayo y son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (que abrogó el COFIPE del 2008), la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En esas leyes se precisaron y ampliaron los derechos y obligaciones de los militantes de los partidos, la garantía de acceso a órganos imparciales de justicia intrapartidaria, se fijaron reglas de integración de sus órganos directivos, procesos democráticos de postulación de candidatos, contenidos mínimos de sus documentos básicos, así como la transparencia en el uso de los recursos.

El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones se reguló desde los artículos transitorios de la propia Constitución, y se ordenó que en la ley se establecería un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales, la redacción de esta cuestión en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales provocó fuerte polémica y una impugnación ante la SCJN, sobre todo en lo relativo a la forma de computar los votos por los candidatos de las coaliciones.

En la Ley General en Materia de Delitos Electorales se establecen los tipos penales, sanciones, distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, la obligación de establecer fiscalías especializadas en delitos electorales, así como el deber de adecuar las leyes locales a este nuevo ordenamiento.

Además se dispuso que las entidades federativas tendrían que armonizar sus constituciones y leyes a esta gran reforma político-electoral, en Jalisco el 8 de julio pasado se publicaron las modificaciones a la Constitución, Código Electoral, Código Penal y a varias leyes orgánicas.

Las disposiciones que más sorprendieron de esta reforma fueron, que la designación de los consejeros de los Órganos Públicos Locales (OPLAS como se les denomina ahora) la haría el Consejo General del INE; que los tribunales electorales, de manera incomprensible fueron segregados de los poderes judiciales locales no obstante que el TRIFE sigue siendo parte del Poder Judicial de la Federación, y que la designación de los magistrados electorales locales sería facultad del Senado de la República.

El INE designó como integrantes del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco a cuatro mujeres y tres varones, me consta que el nuevo presidente del IEPC cuenta con gran experiencia en materia electoral y es una persona capaz que garantiza la buena conducción de ese Instituto.

De manera sincera y objetiva reconozco que el Senado hizo una buena selección de los magistrados del nuevo Tribunal Electoral de Jalisco ya que eligió a ciudadanos que no obstante la juventud de todos ellos (estimo que el promedio de edad es de 40 años), cuentan con gran preparación, profesionalismo y experiencia en materia electoral.

Los jaliscienses deben tener la seguridad que los magistrados del Tribunal Electoral trabajarán con eficacia, honradez e imparcialidad.

 

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