Al Derecho

Orden

Los actos de boicot al proceso electoral que se viven en algunas regiones y otros hechos igualmente graves que se han cometido en los últimos meses exceden el derecho de los ciudadanos mexicanos a manifestarse y se ubican en la ilicitud penal. Es verdad que históricamente en esas zonas la realidad es más compleja que tratar de dar respuesta a reivindicaciones sociales concretas, pero esa no es razón que impida a las instancias del Estado mexicano restablecer el orden y garantizar la seguridad jurídica de los habitantes de esas zonas.

El científico político alemán Carl J. Friedrich en su obra El hombre y el gobierno (Tecnos, 1968) apunta que el concepto de orden, de orden político de la comunidad, ha recibido relativamente poca atención a lo largo de la historia del pensamiento político no obstante que el orden ha sido, lógicamente, el fin obvio de toda política y, en cierto sentido, la teoría política gira alrededor del problema de cómo alcanzar un orden.

El orden político, agrega Friedrich, también es algo relativo a los valores, intereses y creencias de una comunidad concreta. El orden es un valor más entre diversos valores básicos y que puede ser sacrificado en aquellos casos en que se produzca un conflicto entre el orden y la justicia o entre el orden y la seguridad, para mencionar tan sólo dos conflictos de valores bastantes importantes, y se puede argumentar que sólo se logra un orden completo en la “paz del cementerio”, pero teniendo en cuenta que la acción política exige movilidad y actividad, un cierto desorden es inevitable y no debe preocuparnos. De acuerdo, no existe una sociedad perfectamente ordenada, pero, ¿qué debe entenderse por “cierto desorden” y hasta dónde podría ser aceptable?

Friedrich sostiene que la cantidad de desorden aumenta cuando surgen entre los miembros de la comunidad nuevas áreas de desacuerdo, nuevos conflictos de valores, intereses y creencias, y que en la comunidad más ordenada, en la comunidad más suficientemente ordenada, se reconocen esas áreas de desacuerdo y se tienen en cuenta a la hora de estructurar la comunidad.

En el caso de estos insurrectos sus actos no están orientados a realizar valores de libertad, democracia o justicia; sus intereses no son únicamente reivindicaciones salariales, cobrar sin trabajar, estabilidad en el empleo, ascensos, adquirir nuevas plazas magisteriales o encontrar a los muertos de Ayotzinapa.

Esas causas, por legítimas que puedan ser, son solo el motivo que utilizan para vandalizar, lo que ellos creen querer es que están iniciando una revolución y su primer paso es sembrar el caos y provocar la ruptura del orden social. Ese es el verdadero objetivo de su lucha; las concesiones, el dinero y la impunidad que han tenido hasta ahora los ha hecho sentirse imbatibles.

Las acciones beligerantes que se han realizado en varias entidades de la República en los últimos días han sobrepasado cualquier límite tolerable, con esos actos de insurrección su líderes han lanzado un reto directo al poder del Estado, por lo tanto las instituciones del Estado mexicano tienen el ineludible deber de actuar, se debe encontrar una  respuesta legal y política, inmediata, clara y contundente.

¿Qué van a hacer las autoridades para superar ese reto y cuáles son las medidas adecuadas para resolver estos problemas?, ¿existe una estrategia para reducir esta amenaza?, ¿cómo se piensa controlar las acciones de la CNTE y demás grupos insurgentes?

Las soluciones a adoptar no son sencillas, desaplicar la ley educativa, además de violar la Constitución no resuelve nada; otorgar concesiones y dinero sin límites, es ilegal y ofensivo a la sociedad; reprimirlos sería incendiar al país; perseguirlos penalmente sería una medida apegada a la ley, pero, ¿quién la aplicaría?

México no puede vivir bajo la amenaza de la anarquía ni las instituciones en el riesgo de la ingobernabilidad. Las personas que en el futuro se encarguen de la solución de este problema deben ser funcionarios competentes, con plena conciencia del riesgo que se vive en el país y totalmente comprometidos con los fines del Estado y el futuro de la nación.

Recuperar la gobernabilidad democrática, restablecer el orden y garantizar la armonía social en todo el territorio nacional es un reto que se debe enfrentar con funcionarios que sean capaces de lograrlo.

 

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