Al Derecho

Nuevo sistema anticorrupción

A más de dos años que senadores del PRI y legisladores de otros partidos presentaron iniciativas anticorrupción, y tomando como base la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción que presentó el PAN en noviembre del 2014, la Cámara de Diputados, con 409 votos a favor, 3 abstenciones y solo 24 votos en contra, aprobó catorce modificaciones a la Constitución Federal para fortalecer los mecanismos de prevención, control y sanción de actos de corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción se define en el artículo 113 de la Constitución como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención; se le asignan facultades para la detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, para la fiscalización y control de recursos públicos; establecer las bases, principios y mecanismos de coordinación con los sistemas locales; el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos.

El órgano de ese Sistema será el Comité Coordinador que estará integrado por siete miembros, los titulares del Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,  el presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura y uno del Comité de Participación Ciudadana (este Comité se integrará por cinco ciudadanos destacados por su contribución en la transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción, en la Constitución no se señalan sus atribuciones). Este Sistema se debe replicar en cada entidad federativa.

Por lo que hace a las sanciones, en el artículo 109 se incluye a los servidores públicos y también a los particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado. Ni el Juicio Político ni la responsabilidad penal (salvo que se agrega a los particulares) sufrió modificaciones; las faltas administrativas se califican en graves y no graves, las primeras serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa, federal o estatal, competente. A los órganos internos de control se les otorgan más facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas; sancionar aquellas faltas distintas a las que son competencia del Tribunal; así como atribuciones para presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de aquellos hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de delito.

Los tribunales de justicia administrativas competentes los son, en el ámbito federal, el actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, al que se le suprime este adjetivo y se le asignan las atribuciones sancionatorias (en Jalisco corresponderá al actual TAE ser el órgano sancionador de la corrupción) a servidores públicos y particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones,  arrendamientos, servicios u obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, estatales o municipales.

El Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir leyes generales que establezcan las bases de coordinación del Sistema y la que distribuye competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas (antes de un año de promulgada la reforma); se agrega la figura del “enriquecimiento ilícito” como causa de extinción de dominio; a las declaraciones patrimoniales se agrega la de conflicto de interés; el Secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado; y se amplía el plazo de prescripción de los delitos de tres a siete años.

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar a los 290 entes federales que existen, a los estados, municipios, fondos y fideicomisos durante el ejercicio fiscal en curso, “en tiempo real”, en ejercicios anteriores, y para presentar denuncias penales e iniciar procedimientos sancionatorios. 

En Jalisco corresponderá a los actuales magistrados del Tribunal de lo Administrativo (no podrán ser sustituidos) ser el órgano garante del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y sus magistrados serán quien determinen las sanciones a los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción.

 

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