Al Derecho

Nuevas leyes electorales

En cumplimiento a la reforma constitucional el 23 de mayo se publicaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (sustituye al COFIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, expedidas por el Congreso de la Unión.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene las disposiciones aplicables en los procesos electorales nacionales y locales, distribuye las competencias entre la federación y las entidades federativas en materia electoral, la relación entre el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) con  los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), y la obligación de adecuar las constituciones y leyes locales a la Constitución Federal y a estas nuevas leyes.

El proceso electoral arrancará la primera semana de octubre, la jornada será el primer domingo de junio del 2015, las precampañas inician la primera semana de enero y las campañas durarán sesenta días (abril y mayo). Los cambios más importantes se darán en la nueva estructura electoral, los consejeros locales serán designados y removidos por el INE pero serán pagados por los gobiernos estatales, el INE podrá organizar directamente cualquier elección local, determinará los distritos, integración y ubicación de las casillas, en el caso de elecciones concurrentes habrá una sola casilla (en el 2015 habrá procesos en la misma fecha en 17 estados).

Una modificación importante tiene que ver con la justicia electoral, los tribunales electorales locales seguirán existiendo pero expresamente se dispone en la ley que estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas como hasta ahora ocurría, los magistrados serán electos por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, los sueldos y gastos de operación de los tribunales serán cubiertos por los presupuestos estatales y su atribución será resolver los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales

Se regula el voto de los mexicanos residentes en el extranjero quienes podrán ejercer su derecho de voto en la elección de Presidente, senadores y para gobernadores (si así lo determinan las constituciones de los estados), para este tipo de votación se deberá cumplir varios requisitos y observar los lineamientos que establezca el INE, de manera señalada se regula la inscripción en el Registro Federal Electoral y las tres modalidades para emitir el voto, por correo, boletas en módulos que se instalen en embajadas o consulados o por vía electrónica.

Quizá los avances más significativos de la nueva regulación electoral son la equidad de género (la mitad las candidaturas deben ser hombres y mujeres) que será obligatoria para todo tipo de elecciones; las candidaturas independientes en el ámbito federal y local serán posibles, las leyes de los estados regularán los requisitos para su postulación, registro, derechos y obligaciones, determinarán el porcentaje mínimo de ciudadanos de la lisita nominal (2% y 1% probablemente) que apoyan esas candidaturas condición para el registro e inscripción en la boleta.

Para acreditar diputados (federales y locales) por la vía de la representación proporcional se fija como porcentaje mínimo el 3% de la votación válida, mismo porcentaje que será necesario para seguir manteniendo su registro como partidos, por lo que hace al registro de nuevos partidos no se determinan con precisión los requisitos, pero en todos los casos el número de afiliados nunca debe ser menor al 1% de la lista nominal en cada estado.

El financiamiento privado se regula y como es lógico se permite con ciertas limitaciones, se impone un severo régimen de fiscalización de todo tipo de recursos; se instituye un nuevo régimen sancionador y disciplinario, clasificación de procedimientos, sujetos y conductas sancionables; se amplía el abanico de los sujetos de responsabilidad; y se establecen nuevos tipos penales, sanciones y distribución de competencias entre la federación y los estados en materia de delitos electorales.

La actualización del marco jurídico, la integración de nuevos órganos electorales, el registro de nuevos partidos, la postulación de cientos de candidatos independientes, la equidad de género, el voto en el extranjero, la posibilidad de la reelección en el ámbito legislativo y ayuntamientos son avances que deben contribuir a elevar la calidad de la representación popular y a mejorar la convivencia política.

 

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