Al Derecho

Nueva legislación electoral

En cumplimiento a la Constitución Política Mexicana y a lo que se dispuso en las nuevas leyes generales electorales expedidas por el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado y la mayoría de los ayuntamientos aprobaron modificaciones a 25 artículos de la Constitución de Jalisco, ese mismo día el Congreso hizo modificaciones a cinco leyes y expidió la nueva Ley Orgánica del Tribunal Electoral, esas reformas entraron en vigor el 8 y 9 de julio.

La ley que más modificaciones sufrió fue el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, este ordenamiento entró en vigor el 6 de agosto del 2008 y en estos seis años ha sido objeto de múltiples cambios, así que el hecho que se reformaron 149 artículos, se adicionaron 60 y se derogaron 161 no debe asustar a nadie (el Código tenía 681 artículos ahora tiene 745, de los que 161 aparecen en el texto como derogados).

Entre los aspectos relevantes de la nueva legislación en materia electoral destaca la inclusión de la figura de los candidatos independientes, derecho que se reconoce a los ciudadanos que quieran participar en las contiendas electorales sin tener que hacerlo con el membrete de un partico político, el requisito es obtener firmas de apoyo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, el 1% del estado para Gobernador; 2% del distrito en el caso de candidatos a diputados y 3% de electorales en el caso de candidatos a munícipes.

Se incorpora el derecho de los jaliscienses que residen en el extranjero para elegir gobernador, en los términos que establezcan las leyes. Se establece la obligación de postular candidatos a diputados y a munícipes observando la paridad de género de manera alternada y se ordena que las fórmulas y las listas de suplentes siempre deben ser candidatos de mismo sexo.

Por lo que hace al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) sus integrantes serán designados por el Instituto Nacional Electoral; el INE tiene facultades para organizar elecciones locales si así lo decide, pero también el IEPC le puede solicitar al INE que asuma parcialmente algunas de sus funciones.

Respecto de los partidos políticos, estos se rigen por una ley general que reduce las atribuciones de los estados. El porcentaje de acceso al Congreso y a los ayuntamientos por la vía de la representación proporcional se modifica, del 3.5 ahora se exigirá el 3% de la votación válida para poder obtener diputados o regidores de R.P. (mismo por ciento que se exige para mantener el registro y recibir prerrogativas).

Un tema importante es el que tiene que ver con la reelección. A partir del la elección del 2015 los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos y los munícipes un periodo más. Los delitos electorales fueron derogados del Código Penal del Estado ya que ahora es facultad del Congreso de la Unión legislar en ese rubro, razón por la que recientemente aprobó la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece la competencia federal y la coordinación entre los gobiernos locales y la federación en el ámbito penal electoral, adicionalmente los estados deben contar con una fiscalía especializada para delitos electorales.

Los tribunales electorales locales ya no formarán parte del Poder Judicial y la designación de los magistrados es una atribución del Senado de la República. El Congreso de Jalisco, en cumplimiento a los lineamientos fijados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expidió la nueva Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado cuyo objeto es regular la integración, competencia, atribuciones organización y funcionamiento de ese órgano jurisdiccional en materia electoral que a partir de octubre, fecha de inicio del próximo proceso electoral, estará integrado por cinco magistrados.

En nuestros días se habla de que los países deben realizar elecciones con integridad, en México y en Jalisco existe un marco legal extenso que regula con amplitud los procesos electorales; de igual manera se ha ido construyendo un sistema de justicia electoral que garantiza la legalidad de la democracia.

Los jueces (de todos los ámbitos) deben gozar de la confianza de los ciudadanos, lo que exige conocer la ley, fundar debidamente las sentencias, resolver imparcialmente y algo más importante, que estén alejados de la corrupción.

 

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