Al Derecho

Leyes anticorrupción

Después de muchas peripecias se han publicado en el Diario Oficial de la Federación los decretos que reforman o adicionan cinco ordenamientos vigentes y se expiden cuatro nuevas leyes. Este conjunto de disposiciones reglamentan la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Cinco ordenamientos sufrieron modificaciones, el Código Penal Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; las nuevas leyes son, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (estas tres leyes están contenidas en el mismo decreto lo qué refleja una deficiente técnica legislativa).

La integración de los nuevos órganos será un proceso tortuoso que durará varios meses, el hecho que el presidente del Comité Coordinador del SNA debe ser un representante del Comité de Participación Ciudadana obliga a que primero se integre ese Comité, pero para que este órgano quede integrado el Senado tendrá que designar un Comité de Selección cuya función será emitir una convocatoria con el objeto de realizar una amplia consulta nacional dirigida a toda la sociedad en general para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de integrantes del Comité de Participación Ciudadana (por lo menos seis meses).

El Fiscal Especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción será designado por el titular de la Procuraduría (el Senado puede objetar esa designación) y hasta que se haga esta designación entrará en vigor las reforma al Código Penal Federal; a su vez, las propuestas que haga el Presidente de la República para que el Senado ratifique los nombramientos de los magistrados que integrarán la tercera sección y las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (anterior Tribunal  Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) las podrá presentar antes del 30 de abril del 2017.

En las modificaciones que se hacen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se dispone que el presidente someterá a la ratificación del Senado el nombramiento del secretario de la Función Pública, dependencia a la que se le otorgan mayores atribuciones en materia de organización, coordinación y supervisión del sistema de control interno, en la investigación de responsabilidades administrativas, en la implementación de políticas anticorrupción y en la coordinación con el Comité Coordinador del SNA.

La nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación regula la organización de la Auditoría Superior de la Federación, refuerza sus facultades en materia de rendición de cuentas públicas, situaciones irregulares que se denuncien respecto al ejercicio fiscal, aplicación de fórmulas de distribución de ejercicio de participaciones federales, destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamiento contratados por los estados y municipios que cuenten con la garantía de la federación y le otorga atribuciones para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización.

En la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se establecen los mecanismos de coordinación entre la Federación, entidades federativas y municipios para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción en todo el territorio nacional, regula la organización y funcionamiento del SNA, y sienta las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, rendición de cuentas, transparencia, fiscalización y control de los recursos públicos.

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se distribuyen competencias entre los órdenes de gobierno y se determinan las faltas y sanciones aplicables por actos u omisiones de servidores públicos y particulares.

Respecto de la entrada en vigor de los sistemas estatales existe una antinomia, en el artículo cuarto transitorio del decreto de reformas constitucionales de mayo del 2015 se dispuso que las legislaturas de los estados deberían expedir las leyes anticorrupción dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales, a pesar de lo cual en el artículo quinto transitorio del decreto que contiene estas tres nuevas leyes se señala que las legislaturas de los estados deberán expedirlas dentro del año siguiente a la entrada en vigor de ese decreto (en todo caso serían 18 meses ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor en julio del 2017).

No obstante que el proceso de construcción normativa lleva casi cuatro años y que aún falta un año para que el Sistema Nacional Anticorrupción inicie sus actividades, los diputados de Jalisco seguramente aprobarán las leyes anticorrupción en este año para cumplir lo que ordena la Constitución.

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