Al Derecho

Legislar por decreto

Es normal que casi todos los países se rijan por normas jurídicas, que las leyes se tengan que adecuar a la realidad, que la función legislativa le corresponde a un órgano específico, que el Poder Ejecutivo interviene de manera preponderante en el proceso de creación y modificación de las leyes ya que tiene atribuciones para presentar iniciativas, participar en el debate, proponer enmiendas, vetar leyes (en las formas de gobierno presidencialistas), expedir decretos-ley (en algunos sistemas), promulgarlas, publicarlas, y sobre todo, aplicarlas.

Muchos de los puntos de cualquier programa de gobierno suponen la formulación de nuevas leyes y la actualización de otras, la necesidad de que le sean aprobados sus presupuestos y sus cuentas públicas, todo lo cual exige contar con mayorías parlamentarias para alcanzar consensos que permitan obtener los votos favorables para aprobar esas medidas.

Cuando no se tiene la mayoría en el Congreso es obvio que la labor del gobierno se complica de manera significativa, tener la razón jurídica o moral no es suficiente, contar con el apoyo popular en las encuestas, la existencia de una evidente exigencia colectiva o necesidad apremiante no son argumentos que conmuevan a los legisladores pues sus intereses casi siempre difieren, de ahí que muchas veces para alcanzar la aprobación legislativa sea imperativo ceder o establecer compromisos políticos (o económicos) sumamente onerosos.

La capacidad de lograr consensos es consustancial a todo político que se precie de serlo, lo es más en aquellos que se sienten líderes o estadistas; en el caso de los Estados Unidos, la mayor parte del esfuerzo y de la energía que despliegan los presidentes (así lo reconocen muchos en sus memorias o entrevistas posteriores) es para convencer a los legisladores de su propio partido y más aún a los de oposición para que voten a favor de sus proyectos, y a esa labor de cabildeo es a la que más tiempo le dedican.

Al parecer el cansancio, frustración e impotencia del presidente Obama para convencer a diputados y senadores republicanos de que voten favorablemente sus propuestas llegó a su límite y en una decisión que denota prepotencia y desprecio por el juego democrático pretende legislar por decreto con las órdenes ejecutivas que acaba de anunciar en materia migratoria modificando la aplicación de leyes ya existentes, decisión que supone un gran riesgo político (guerra permanente con un Congreso contrario) y jurídico (existe la posibilidad de que esas órdenes temporales sean revertidas).

Los líderes republicanos han calificado esta decisión como propia de un “emperador” (este calificativo no parece nada peyorativo) y sostienen que Obama transgrede sus atribuciones constitucionales y rompe la práctica democrática, por lo que la combatirán por todos los medios, ya sea bloqueándola en el Congreso al no asignarle fondos presupuestales, exigirán que el próximo presidente la revoque (en el supuesto de que antes no se hayan modificado las leyes) y en lo jurídico anuncian acciones ante los tribunales pues consideran que esas órdenes ejecutivas trasgreden las facultades del presidente de los Estados Unidos.

Si bien en los sistemas presidencialistas y en los parlamentarios es muy difícil encontrar gobiernos que cuenten con mayorías legislativas, situación que plantea una gran interrogante, ¿cómo alcanzar los consensos necesarios para legislar?, ¿cómo superar el inconveniente de no tener mayorías legislativa?, ¿cuál es el límite de tolerancia –o intolerancia- de esta situación?, y lo más importante, ¿se puede legislar por decreto?

Más allá de lo controvertido de estas medidas, afortunadamente serán de gran beneficio para millones de inmigrantes indocumentados, la mayor parte de estos mexicanos, a quienes temporalmente (máximo por tres años) se les suspenderá la orden de deportación, se les dará permiso para trabajar y se permitirá que se reúnan con sus familiares siempre y cuando tengan más de cinco años en Estados Unidos o hijos nacidos en esa nación, además de que, según algunos analistas, esta decisión beneficia y reactivará la economía en los Estados Unidos.

En lo jurídico la cuestión de fondo es definir ¿cuáles son los límites del poder presidencial?, ¿un presidente puede evadir al Congreso para imponer su visión de las cosas?, ¿es constitucional y democrático legislar por decreto?

Dadas las circunstancias considero que esta medida desesperada será revocada.

 

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