Al Derecho

Interpretación de la Constitución

A la Constitución mexicana de 1917 se le han hecho 696 reformas en 227 ocasiones (más de dos por año IIJ-UNAM), a pesar que desde el texto original se otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para resolver controversias constitucionales, en casi ochenta años sólo resolvió una, "el caso Oaxaca" en 1932. En 1995 se redujo el número de ministros y se incrementaron sus atribuciones, entre éstas, resolver acciones de inconstitucionalidad, lo que la convirtió, prácticamente, en un Tribunal Constitucional (tribunales creados en Europa hace cien años, no son parte del judicial y se ubican por encima de éste).

Al papel protagónico que ha tenido la Suprema Corte en los últimos 20 años debe añadirse las potestades derivadas de la exorbitante reforma de junio de 2011 al artículo primero constitucional: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán... favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia... todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".

A partir de esta reforma el orden jurídico mexicano se ha trastocado ya que los ministros están decidiendo de una manera libérrima, imponiendo sus particulares puntos de vista y sin limitaciones de tipo jurídico (sistema federal, constituciones y leyes estatales, interés general), históricas y antropológicas (qué ha sido y qué es el matrimonio en el mundo pasado y presente), filosóficas (el orden lógico y natural de las cosas), políticas (atribuciones de legisladores y de autoridades electas democráticamente), morales (principios, creencias y valores regionales), interpretan leyes y normas, en ocasiones, de manera parcial y subjetiva.

A esta nueva entelequia jurídica en mucho contribuye la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues bastó que al presidente de esa Comisión le pareciera discriminatoria la definición de matrimonio "entre un hombre y una mujer" (misma definición existe en el 99.999 por ciento de las leyes en el mundo) que hace el Código Civil de Jalisco y presentara una acción de inconstitucionalidad; los once ministros de la Corte le han dado la razón a la CNDH al estimar que esa definición es "inconstitucional" y obligarán a los diputados de Jalisco a modificar el Código Civil para establecer que el matrimonio debe ser la unión de dos personas. En este caso la Corte privilegió un supuesto derecho a contraer matrimonio (que no existe en la Constitución) violentando la facultad que tienen los estados para legislar en esa materia, potestad que expresamente se les confiere en la Constitución.

Los ministros debieron haber ponderado el derecho que se les otorga a los estados en el artículo 121-IV de la Constitución: "Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros", y en todo caso, haber sugerido a éstos que reconocieran el derecho de los lésbico gay y regularan jurídicamente ese tipo de uniones. Además, debieron reconocer la validez del Código Civil ya que en este ordenamientos se recogen tradiciones, costumbres, creencias y valores de un pueblo, cuestión medular del sistema federal.

Es importante entender que debido a la fuerza e importancia de las leyes locales nació (en Estados Unidos) el sistema federal, fueron los estados los que al "transferir" ciertas atribuciones (ejército, relaciones exteriores, comercio, moneda, bancos) a un gobierno –federal- que ellos mismos crearon, fue como surgió el federalismo, y como quedó claramente establecido, las facultades que los estados no cedieron expresamente a la federación seguirían perteneciendo al pueblo de los estados (artículo 124).

Este fallo (en su doble acepción) es un desafío al federalismo ya que por mandato constitucional le corresponde a los estados legislar sobre nacimiento, matrimonio, sucesiones, patrimonio, obligaciones, contratos, sucesiones, registros, civil y de la propiedad, de conformidad con su derecho, historia, convicciones y razones.

Los estados tienen obligación de regular jurídicamente la relación de dos personas que decidan vivir unidas, Jalisco lo tendrá que hacer por una imposición judicial, y no se necesita ser abogado para entender que los fallos judiciales son de cumplimiento imperativo. Este tipo de matrimonios derivados de esa interpretación extensiva de principios constitucionales provocará problemas y tendrá graves consecuencias para personas e instituciones.

Resulta ocioso organizar marchas para presionar a los diputados a que no modifiquen el Código Civil, en lugar de perder tiempo y esfuerzo inútilmente se debería trabajar conjuntamente para encontrar formas que permitan blindar jurídicamente a Jalisco de futuras agresiones a su legislación civil. 

csepulveda108@gmail.com