Al Derecho

Formación de los jueces

Una de las funciones más nobles, importantes y difíciles, no solo en el ámbito jurídico sino en cualquiera de las actividades humanas, es la de juzgar. Aunque normalmente esta tarea se asigna a funcionarios que son parte del Poder Judicial, en México existen órganos que ejercen similares quehaceres pero que no forman parte de ese poder.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la gran mayoría de los tribunales administrativos estatales (Jalisco y unos cuantos más sí pertenecen al Judicial), los tribunales agrarios, los militares, las juntas de conciliación y arbitraje, los que dirimen las controversias laborales de los servidores públicos, y ahora los tribunales electorales locales, a los que en la incongruente y regresiva reforma constitucional del 2014 expresamente se les prohibió pertenecer a los poderes judiciales, no obstante que el Tribunal Federal Electoral sí es parte del Poder Judicial de la Federación.

Es evidente que los ministros, magistrados y jueces federales cuentan con mayor formación, estabilidad en el empleo, extraordinarias condiciones laborales y muy elevados sueldos con respecto a las condiciones que prevalecen en los tribunales de los estados, a lo que se debe agregar que la gran mayoría de los asuntos que se llevan en las instancias locales se concluyen de manera definitiva con resoluciones de órganos federales a través de los juicios de amparo, hecho que constata que federalismo judicial mexicano es algo que no existe o es un sistema que no sirve.

En los poderes judiciales locales los magistrados están muy bien pagados, no así los jueces, quienes perciben un ingreso muy inferior a sus cargas de trabajo, complejidad de sus funciones y elevadas responsabilidades (lo que no justifica la endémica corrupción), pero las pésimas condiciones materiales en las que desarrollan sus actividades contribuyen al mal servicio que prestan.

Por lo que hace a los impartidores de justicia que no son parte del Poder Judicial destaca el Tribunal Fiscal de la Federación (hoy de Justicia Fiscal y Administrativa), órgano jurisdiccional establecido hace casi 80 años y que siempre ha gozado de un generoso presupuesto, instalaciones adecuadas, y es reconocido por su desempeño profesional y su relevante contribución jurídica.

A diferencia del TFJFA que es un ejemplo de buen funcionamiento, los tribunales agrarios y laborales son una vergüenza nacional por sus generalmente pésimas instalaciones, corrupción sistémica y mal servicio en la impartición de justicia.

En México los jueces gozan de un pobre nivel de aceptación (algunas mediciones los ubican más abajo que la policía) a pesar del exponencial crecimiento de los presupuestos y de la infinidad de reformas legislativas, lo que demuestra que ni más dinero ni más legislación son suficientes para mejorar la función de impartir justicia, situación que debería alarmar a todos, no solo a los abogados.

Si al sistema de justicia se le ha apoyado con muchos recursos y mejores herramientas para el desempeño de sus funciones, ¿qué es lo que ha fallado? Todo parece indicar que ha sido el factor humano, en parte desde un punto de vista técnico ha habido mala formación de jueces y procedimientos erróneos de selección, pero más grave aún, en muchos casos el error no ha sido su capacidad como abogados sino su calidad como personas.

Ante este problema es importante saber, ¿en dónde se han formado éticamente estos profesionales?, ¿cuáles son los centros de formación judicial que existen?, ¿cuáles los métodos de selección?, ¿qué importancia se ha dado a la formación ética y a la integridad personal?  

Mientras sigamos pensando que lo más importante de un juez son sus conocimientos y destrezas técnicas y no su conducta profesional y social no se podrá mejorar la impartición de justicia.

La mentalidad del siglo XIX con la que se impregnó la función judicial, sentirse que los juzgadores están más allá del escrutinio público, que no deben ser sujetos a ningún control social, que lo más importante es saber leer la letra de los códigos y que no existe un régimen disciplinario objetivo contribuyen a mantener la pésima calidad de la justicia mexicana.

Para mejorar su calidad  es importante que se impregne a los jueces mayor responsabilidad social, se destierre su mentalidad codigera y se castigue su descaro para exigir o aceptar sobornos.

 

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