Al Derecho

Fiscalía

En México durante los últimos años se han ido modificando las constituciones, la general y las de los estados, con objeto de sustituir las Procuradurías de Justicia por Fiscalías Generales. En el caso de Jalisco, el 1 de marzo del 2013 entraron en vigor reformas a la Constitución estatal y dos nuevas leyes, la Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado mediante las que se creaba esta nueva institución.

A diferencia de los poderes Legislativo y Judicial, el Poder Ejecutivo, tanto en lo federal, el Presidente de la República, como en los estados, el Gobernador del Estado, recae en una sola persona, quien para el ejercicio de sus facultades y atribuciones se auxilia de la Administración Pública.

La Administración Pública se divide en Centralizada y Paraestatal, la centralizada comprende el conjunto de dependencias (en Jalisco 14 secretarías más la Fiscalía General, la Contraloría y la Procuraduría Social) y la paraestatal, integrada por  entidades (unos 60 organismos descentralizados y varios fideicomisos públicos). Las dependencias y entidades son órganos que tienen por objeto auxiliar al Gobernador en los asuntos de su competencia y sus titulares son nombrados y removidos libremente por el Gobernador, salvo los casos del Contralor y el Fiscal General que deben ser ratificados por las dos terceras partes del Congreso.

El mismo día que entraron en vigor ambas leyes surgió un problema práctico ya que dentro de los requisitos para ser Fiscal General se estableció que no podría serlo quien hubiera sido Gobernador, Secretario del Ejecutivo, Jefe de Departamento Administrativo, Fiscal General (sic), integrante del Consejo de la Judicatura, Diputado Local, Presidente Municipal, Síndico, Regidor, Senador o Diputado Federal, a menos que se hubieran separado del cargo un año antes.

Como se puede deducir, excluir a esa serie de funcionarios restringe la posibilidad del Gobernador para designar y proponer al Congreso a una persona con la suficiente experiencia y capacidad, de ahí que el Ejecutivo Estatal, el 4 de marzo del 2013, tres días después de que entraron en vigor las nuevas leyes, presentó una iniciativa para que se redujeran las limitaciones respecto de funcionarios en activo que pudieran ser propuestos como Fiscal General. Por las razones (o sinrazones) que se hayan considerado el hecho es que hubo oposición y solo se modificó lo relativo a suprimir el requisito de haber sido Secretario estatal, fue así como resultó viable la designación de Luis Carlos Nájera, hasta entonces Secretario de Seguridad Pública y quien en ese momento tuvo el respaldo de los sectores sociales y de los propios grupos políticos.

Las atribuciones, estructura y retos de la Fiscalía General eran y son gigantescos, baste señalar que esa dependencia se conforma por más de 12,000 elementos y que se integran en la misma las áreas de la procuración de justicia (fiscalías central y regional, ministerios públicos), seguridad pública (policías estatales, coordinación con las municipales, fuerza única regional), reinserción social (reclusorios), policía vial (para efectos operativos depende de Movilidad), protección civil (después pasó a la SGG) y la fiscalía de derechos humanos.

Para cada una de esas áreas se creó también una Fiscalía o Comisaría, pero las atribuciones que les corresponde ejercer, entre otras, son investigar los delitos, mantener el orden y la seguridad pública, conducir el mando de las policías, ejercer la acción penal, desarrollar políticas de prevención social, coordinar los servicios periciales, elaborar y ejecutar el programa de seguridad pública en el estado, garantizar los derechos de las víctimas, establecer un sistema integral de investigación.

La competencia de esta dependencia tiene que ver con dos cuestiones fundamentales, la procuración de justicia y el mantenimiento de la seguridad pública, por eso es tan importante lograr que dentro de la Fiscalía, además de un buen abogado se contrate un jefe policiaco eficaz.

Dirigir una dependencia en la que entre otros factores adversos existe falta de capacidad y vocación de muchos elementos, bajos sueldos, sobrecarga de trabajo y penetración del crimen organizado es una tarea de extrema dificultad.

Es un derecho de la sociedad exigir mejor seguridad y más eficaz procuración e impartición de justicia, en estas tareas todos deberíamos colaborar, pero también deberíamos reconocer y agradecer a quienes aceptan desempeñar esas funciones exponiendo su vida por cuidarnos a todos.

 

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