Al Derecho

Desaparición de poderes

En el artículo 76 de la Constitución se establecen las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, la fracción V, que se ha mantenido sin modificación prácticamente desde 1875 y que en la redacción original del texto de 1917 dispone como una de las facultades del Senado: “Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento del gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas… Ésta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso”.

Aunque la redacción de este precepto es clara al utilizar la expresión de que el Senado declara que han desparecido “todos los poderes constitucionales de un Estado”, en los hechos no ha sido así pues lo que ha sucedido en la mayoría de los casos es que se ha removido al gobernador en turno para satisfacer a los presidentes que lo solicitaron ya que esta figura se ha utilizado para ajustar cuentas con gobernadores que fueron electos con el apoyo de un grupo contrario, los han relevado porque “se les habían salido del huacal” o simplemente porque habían caído de su gracia y no tanto por las condiciones objetivas o porque efectivamente existiera ingobernabilidad.

Esta atribución la ha ejercido el Senado en casi 50 ocasiones, Álvaro Obregón destituyó a gobernadores carrancistas, Elías Calles hizo lo propio en contra de algunos obregonistas y Lázaro Cárdenas tumbó, por medio del Senado, a una decena de gobernadores callistas. A partir de Ávila Camacho la solicitud de que declarar desparecidos los poderes en los estados se ha moderado, pero resulta paradójico que todas las veces que el Senado declaró “desaparición de poderes” lo hizo sin que existiera ley reglamentaria y desde que ésta se promulgó en diciembre de 1978 (con siete presidentes en funciones) el Senado no ha removido a ningún gobernador.

En Guerrero en seis ocasiones se ha destituido gobernadores por diferentes causas, por complicidad en el asesinato de campesinos en Coyuca de Catalán en 1935; por violar garantías individuales en 1954; por haber asesinado a una veintena de estudiantes en huelga en 1961; o por fraude en 1975.

Ante la petición que presentó la fracción del PAN en el Senado para que se declare la desaparición de los poderes en el estado de Guerrero como consecuencia de los desaparecidos en el Iguala se plantea varios problemas constitucionales y legales.

¿Cómo va a  interpretar el Senado “todos los poderes”? ¿Se dejaría en sus funciones a los diputados y magistrados de ese estado? Seguramente sí pues de lo contrario más que resolver un problema se estarían creando más complicaciones institucionales, de ahí que si el Senado tiene que resolver se limitaría a remover al gobernador, el presidente enviaría una terna y los senadores designarían al gobernador sustituto.

La ley dispone que se configura la desaparición de los poderes de un Estado “únicamente” en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales quebranten los principios del régimen federal, abandonaren el ejercicio de sus funciones, estuvieren imposibilitados físicamente o “con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”, causal que seguramente se trataría de configurar al gobernador Ángel Aguirre, quien en 1996 sustituyó al gobernador Rubén Figueroa Jr. quien se vio obligado a renunciar por la matanza de “Aguas Blancas”.

Tengo duda si el Senado decidirá esta cuestión, pienso que antes de eso el  gobernador Aguirre pedirá licencia ya que si logra evitar la intervención de los poderes federales al mismo tiempo podría impedir su consignación. Si  finalmente el Senado lo remueve, también tendría que ejercer acción penal en su contra por los sucesos de Iguala.

Lo importante es encontrar a los desaparecidos, castigar a los culpables y respetar el Estado de Derecho más que sustituir al gobernador.

 

csepulveda108@gmail.com