Al Derecho

Desafío federalista

En el siglo XIX en México se estableció, de manera cruenta, el sistema federal, y no obstante que durante casi 200 años ha sido nuestra forma de gobierno, en la práctica somos una nación centralizada, el 90 por ciento de los ingresos de los estados proviene de las participaciones federales, las constituciones estatales reproducen las adecuaciones para la integración de los poderes, organización electoral, derechos humanos, transparencia y muchas figuras que se incorporan, ya sea por mandato legal o por simple imitación.

El federalismo es una forma de gobierno basada en la distribución y ejercicio del poder político sobre una base territorial. Al triunfo de la independencia, las trece colonias inglesas se convirtieron en estados (Estados Unidos) y formaron una Confederación que fracasó; en el Congreso de Filadelfia de 1787, Hamilton y Madison idearon como solución un gobierno federal fuerte, al que los estados transfirieron parte de su soberanía, básicamente para formar un ejército nacional, conducir las relaciones exteriores, facilitar el comercio y establecer una moneda común, los estados conservarían las facultades que no delegaron expresamente, entre otras, legislar en materia civil y penal, así nació el sistema federal.

El federalismo se creó para garantizar la independencia y la libertad de las comunidades locales o regionales y como una forma de otorgar a los ciudadanos la posibilidad de participar en los procesos de decisión a nivel estatal. México copió el modelo americano –casi literalmente- en cada una de las constituciones federales que ha tenido desde 1824, no obstante, el poder federal ha avasallado a los estados; una prueba, el artículo 73 contiene un amplio y creciente catálogo de facultades federales y ha sido adicionado en más de cuarenta ocasiones para otorgarle más atribuciones a la federación en detrimento de los estados.

La Constitución mexicana dispone que somos una República representativa, democrática, laica (reciente modalidad) y federal, compuesta de Estados “libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior”, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, “en lo que toca a sus regímenes interiores”, y en el artículo 124 se establece que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”, entre éstas, los estados mantienen competencia para legislar en materia civil y sobre actos del estado civil.

El Ejecutivo Federal presentó iniciativa para que en el Código Civil Federal se permita a los homosexuales adoptar y se reconozca el derecho de las personas para cambiar de sexo (“identidad de género”). Esta insólita propuesta se justifica en “los Principios de Yogyakarta” (ONU) y en un criterio de la Suprema Corte que sostiene que el reconocimiento de la identidad de género de la persona “forma parte del libre desarrollo de su personalidad”, argumentos absurdos y fútiles.

De aprobarse, “las personas podrán solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia”, lo que además de innecesario provocará innúmeros problemas.

Ahora solo cabe formular algunas dudas: ¿Este derecho lo podrán ejercer los niño(a)s y adolescentes?, ¿cómo se hará en el caso de personas casadas?, ¿qué sucederá si alguien decide no ser ni hombre ni mujer (ya ocurrió en Australia)?, ¿qué procederá si después se arrepiente?, ¿siquiera se hizo una muestra de la población “beneficiada”?

Según un estudio de Ciencia desde la UNAM uno de cada 11 mil nacimientos se estima son personas con identidad sexual transpuesta, es decir transexuales, si esto es así en Jalisco habría menos de 800 personas (entre 8 millones de habitantes) en esa condición, ¿eso justificaría modificar el Código Civil?

El cambio de identidad de género, se dice en la iniciativa, no debe sujetarse a la condición de que la persona se realice algún procedimiento médico de reasignación de sexo pues se estaría violentando sus derechos, y agrega, “es un paso necesario y obligatorio para el Estado mexicano”.

No es cierto que la modificación de ese Código obligue a los estados a replicarla, pero esta iniciativa pondrá a prueba la fortaleza moral y política de los estados, habrá entidades que modificarán sus códigos de manera mecánica, otros, abrirán procesos de consulta para analizar la necesidad, conveniencia o procedencia de esos cambios, ¿cuántos tendrán el valor de abstenerse de legislar al respecto?

A este desafío federalista se le debería dar el trámite que se dio en1823 cuando los pueblos de la Provincia libre de Xalisco fueron consultados para constituir su forma de gobierno en República federada y emitieron el célebre Voto General.

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