Al Derecho

Control de daños

En noviembre del 2012 los senadores priistas hicieron suya la propuesta de Enrique Peña Nieto y presentaron la iniciativa anticorrupción, primera promesa de campaña del entonces presidente electo, que contemplaba reformar la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley Federal Anticorrupción, crear una Comisión Nacional Anticorrupción y un Consejo  Nacional por la Ética Pública. No obstante que esa iniciativa ya está dictaminada, por las razones que hayan sido, dos años después no pudo ser aprobada.

En octubre del 2014 el PAN anunció con gran despliegue publicitario que presentaría una iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, todas las bancadas se comprometieron a aprobar dicho Sistema a más tardar en diciembre, sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo y este asunto forma parte de la agenda legislativa de todas las fracciones en este periodo que acaba de iniciar y concluirá el 30 de abril.

Las revelaciones inmobiliarias, ciertas decisiones en materia de licitaciones y los problemas de la caída del precio del petróleo han afectado severamente la conducción del gobierno, las respuestas del presidente ordenando que se abra una investigación sobre conflicto de intereses, cancelar proyectos de inversión, reducir el gasto y revivir la exigua Secretaría de la Función Pública son medidas orientadas a reducir esos daños, pero serán insuficientes ya que la sociedad, más que un cambio de políticas, exige un cambio de actitudes y una nueva conducta pública que se demuestre en hechos concretos no solo en las formas.

Los horrorosos sucesos de Iguala, resultado de conductas corruptas y prácticas abusivas del poder, han dañado más a México que al PRD o a la clase gobernante, la desacertada actuación de las autoridades, no revelar la verdad de los hechos, no haber encontrado a las víctimas, no saber qué hacer para superar esos enigmas han envenenado nuestra convivencia y han debilitado las instituciones, además, estos sucesos nos han exhibido ante el mundo como un pueblo cruel, deshonesto, incivilizado.

La debilidad institucional que este asunto ha puesto en evidencia cuán lejos estamos de ser un país civilizado (como muchos creemos que los somos), cuánta distancia nos separa de ser un auténtico Estado de Derecho y exhibe, una vez más, la enorme brecha que separa a pobres y a ricos, a cultos y a ignorantes, a buenos y malos. 

La sociedad está demandando con urgencia la creación de un nuevo sistema anticorrupción pues el que existe (?) ha demostrado su ineficacia durante las tres décadas de vigencia de la “renovación moral”, reforma impulsada por Miguel de la Madrid en 1982. En estos 30 años ni las leyes de responsabilidades de los servidores, ni las declaraciones patrimoniales, ni las contralorías, menos los juicios políticos (a nivel nacional no habido uno solo), tampoco las declaraciones de procedencia penal (solo Díaz Serrano en 1983 y López Obrador, incompleto, en 2005 han sido destituidos) han frenado la corrupción ni sancionado a corruptos.

El vertiginoso incremento del narcotráfico, la inseguridad, violencia, injusticia, desigualdad, pobreza e ineficacia de las instituciones se acepta que son consecuencia de la corrupción en el sector público y de la deshonestidad que prevalece en amplias capas de la sociedad. Pero no nos engañemos, la corrupción es una manifestación que no es privativa de la clase política ni del sector público, los corruptos no son solo algunos funcionarios, de igual manera los corruptores son tan culpables o más que quienes exigen o aceptan sobornos o cometen actos ilegales para favorecer intereses particulares.

Por eso montar un nuevo andamiaje jurídico que faculte acciones policiacas y de persecución (se debe cuidar que se cometan abusos o venganzas) no es suficiente, para mejorar la integridad de las autoridades se tiene que construir una nueva cultura ética basado en principios y valores humanistas que modere prácticas insanas de poder, limite los crecientes apetitos patrimonialistas y establezca conductas de respeto a la ley y a las personas. 

Para prevenir y combatir la corrupción no son suficientes solo medidas orientadas a limitar daños, expedir nuevas leyes o cambiar funcionarios, lo realmente importante sería lograr que todos, funcionarios y ciudadanos, actuaran con ética, trabajarán por el bien de la sociedad, observaran siempre la ley y respetaran la dignidad humana. Así de fácil, así de difícil.

 

csepulveda108@gmail.com