Al Derecho

Consenso constitucional

En España, después de 40 años de régimen franquista, el 22 de agosto de 1977 se instaló la Comisión de diputados que durante catorce meses redactó el proyecto de Constitución y elaboró el texto que se sometió a referéndum el 6 de diciembre de 1978. La pregunta que se hizo a los ciudadanos fue, ¿Aprueba el proyecto de Constitución?, el 67% de los empadronados acudió a las urnas, el 88% respondió que sí, el día 27 el Rey Juan Carlos la promulgó y aunque parezca anecdótico pero es verdad, la Constitución no se publicó al día siguiente ¡porque era el día de los inocentes!, entró en vigor el 29 de diciembre, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

A partir de entonces, España desmontó el régimen franquista, recobró sus libertades, reconcilió a todos, implantó un nuevo sistema político, instauró una normalidad democrática de calidad, eligió gobiernos funcionales, logró su integración en Europa, construyó una impresionante infraestructura, consiguió un envidiable desarrollo económico y se transformó en una sociedad moderna y plural en estos 35 años de vida constitucional, no son pocos logros.

En ese proceso fue determinante la contribución personal del Rey y Adolfo Suárez, jefes de Estado y de Gobierno; de Felipe González, Manuel Fraga y Santiago Carrillo, líderes políticos; de Fernando Abril, vicepresidente del gobierno y  Alfonso Guerra, vicesecretario del PSOE y la aportación que hicieron los siete diputados bautizados como “padres de la Constitución” por ser quienes la redactaron y alcanzaron los consensos necesarios.

En los trabajos del constituyente participaron de manera relevante los letrados del Parlamento, de manera muy destacada don Francisco Rubio Llorente, y los asesores de los grupos que aportaron ideas que hicieron suyas franquistas, comunistas, socialistas, centristas, nacionalistas vascos y catalanes, lo que facilitó la elaboración de un texto moderno de gran calidad jurídica que define a España como un Estado social y democrático de Derecho, que establece como forma política del Estado la monarquía parlamentaria, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y que creó un Tribunal Constitucional, órgano competente para resolver recursos de inconstitucionalidad contra leyes, recursos de amparo por violación de derechos y libertades y conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

El problema territorial siempre ha existido en España, pero en 1978 todos hicieron un pacto y aceptaron la solución establecida, ahora, algunos políticos pretenden romper ese pacto, los vascos quieren ser un Estado asociado y los catalanes amenazan con convertirse en un Estado independiente, pretensión que ni está prevista ni puede ser permitida por la Constitución.

La amplia aceptación social, el papel de los partidos, ejército, medios de comunicación, empresarios, sindicatos y organismos intermedios que de manera inteligente, responsable y con gran sentido del Estado y de la historia promovieron el referéndum que me tocó presenciar en Barcelona y aún recuerdo esa jornada; además, durante el largo lapso de su vigencia, en España se ha formado una conciencia constitucional colectiva, no obstante que quienes votaron y que todavía vivan ya son mayores de 56 años pues en 1978 solo votaban los de más de 21 años.

A diferencia de la española, la Constitución mexicana de 1917 fue producto de una Revolución, Venustiano Carranza presentó un proyecto personal, las sesiones duraron dos meses, ninguno de los constituyentes de Querétaro llegó a gobernar, la mayoría de los mexicanos eran analfabetas, en 97 años nuestra Carta ha sufrido más de 500 reformas; en cambio la Constitución de 1978 fue producto de una transición política, solo ha sido modificado en dos ocasiones, en España todos los presidentes de gobierno (con excepción del actual) fueron diputados constituyentes y allá existe una auténtica cultura que hace posible que la Constitución de 1978 sea una obra viva que respetan todos.

Cuánta razón tenía James Madison, padre de la Constitución Americana, quien en 1787 dijo “es una quimera suponer que, sin la virtud del pueblo, alguna forma de gobierno puede asegurar la libertad o felicidad”.

La virtud del pueblo, más que buenas leyes o gobiernos eficaces es lo que necesita una sociedad que aspira a vivir en paz, en justicia y con felicidad.