Al Derecho

Campañas

Las campañas en los procesos electorales intermedios (cuando no se elige presidente de la República ni gobernador) deben durar 60 días, se inician al día siguiente al de la aprobación del registro de candidaturas y concluyen tres días antes de la elección.

El próximo 7 de junio se elegirán 500 diputados federales (300 de mayoría relativa en igual número de distritos electorales y 200 de representación proporcional de las cinco circunscripciones en que se divide el país). En Jalisco existen 3,576 secciones electorales en las que se instalarán 9,755 casillas en la que 5´512,339 ciudadanos podrán elegir 19 diputados federales y 39 diputados locales (20 de mayoría y 19 de representación proporcional) así como a unos 1,500 integrantes de los 125 ayuntamientos.

Cada diputado jalisciense representa a unos 200,000 habitantes (en 1824 eran 30 diputados y en 1834 había un diputado por cada 25,000 habitantes). A nivel municipal, tomando como base los 7´350,682 habitantes de Jalisco según el resultado del último Censo General de Población del 2010, se deberá elegir a unos 1,500 munícipes para integrar los 125 gobiernos municipales (en promedio habrá un regidor por cada 5,000 habitantes).

El Código Electoral del Estado determina que cada Ayuntamiento debe estar integrado por un presidente municipal, un síndico y un número de regidores que varía en función de los habitantes (en este apartado y solo para efectos de distribución la ley incluye como regidores a los presidentes y síndicos). Según datos del 2010 en Jalisco existen 105 municipios con menos de 50,000 habitantes cuyos ayuntamientos se integran por once regidores (7 de mayoría y 4 de R.P.); de los 20 municipios restantes, diez tienen una población de entre 50 y 100 mil habitantes que eligen 14 regidores (9 de M.R. y 5 de R.P.); siete cuentan con más de 100 y menos de 500 mil habitantes que eligen 17 regidores (11-6) y solo tres municipios de más de 500,000 habitantes se integran con 21 regidores (13-8).

En seis municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara se concentra el 60 por ciento de la población total del estado (4´380,600 habitantes); el 40 por ciento restante se distribuye en 119 municipios, de los cuales 43 tienen menos de 10,000 habitantes (16 de esos tienen menos de 5,000). Un dato curioso, en esos 43 municipios viven 242,657 personas y en Puerto Vallarta 255,681; aquí se eligen 17 regidores mientras que en esos 43 ayuntamientos que gobiernan al 3.25 por ciento de la población total del estado se elige a 473 regidores (el 33 por ciento del total estatal de regidores) y son 27.8 regidores por cada uno de los que tiene Puerto Vallarta.

El Código Electoral del Estado define las campañas como “el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto”. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

Para desgracia nuestra, la propaganda (no la difusión de programas, el debate de ideas o la discusión de las plataformas electorales) ha pasado a ser la parte central de las campañas, de igual manera que las quejas, denuncias y procedimientos jurídico-contenciosos parecieran ser los actos determinantes de las  contiendas electorales, lo cual no debe ser pues a diferencia de México, en todo el mundo, las elecciones siguen siendo procesos políticos que se definen en las urnas por la voluntad de los electores y no son procedimientos jurisdiccionales mediante los que se pretende ganar elecciones en los tribunales.

El Instituto Nacional Electoral, el TRIFE, la FEPADE, 32 Institutos Electorales y 32 Tribunales locales que organizan y vigilan elecciones cuentan con unos 30, 000 funcionarios permanentes, el financiamiento público federal y estatal que se otorga a los partidos políticos, los costos de las precampañas y campañas, así como el costo de los anuncios que se transmiten en radio y TV (que se estiman en más de 20 mil millones de pesos), son gastos que en conjunto pueden rebasar este año electoral los 50,000 millones de pesos.

Ese dispendio exorbitante responde a una sola cosa: la desconfianza que tienen los mexicanos de que los mexicanos puedan votar y contar los votos honestamente. 

 

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