Al Derecho

Batallas contra la corrupción

En todos los países existen problemas de corrupción, el índice de percepción de la corrupción dado a conocer por Transparencia Internacional, el organismo que más ha trabajado este tema en todo el planeta dice que de 174 países encuestados únicamente 37 obtienen más de 60 puntos de calificación (sobre 100), lo que significa que 137 naciones (el 78 por ciento) están reprobadas.

México está en el lugar 103 con 35 puntos (Dinamarca obtuvo 92 puntos, la mejor calificación), por debajo de países como Marruecos, Ruanda, Liberia, Mongolia, Zambia, Egipto, Brasil, El Salvador, Perú y Panamá; Argentina se ubica un peldaño más abajo no obstante que sus ciudadanos son más honestos que los brasileños y que muchos otros latinoamericanos.

A pesar que los resultados ubiquen a Brasil treinta lugares antes que nosotros creo que ellos son más deshonestos, pero también son más activos en el combate a la corrupción, el proceso Mensalao, el caso Petrobras, ministros, gobernadores y legisladores destituidos y en la cárcel lo demuestran, es revelador que en su comparecencia ante el Congreso un ex directivo de Petrobras reconozca (con cinismo o sinceridad) que “lo que sucede en Petrobras ocurre en todo Brasil, en las carreteras, las líneas ferroviarias, los puertos, los aeropuertos e hidroeléctricas. Es sólo cuestión de averiguar”. En efecto, en la lucha contra la corrupción el primer paso “es solo cuestión de averiguar”.

En España los jueces han entrado de lleno en la lucha contra la corrupción, el periódico El Mundo da cuenta que estos quieren que se endurezcan las penas por corrupción, se amplíen los periodos de prescripción de estos delitos, se dé una respuesta más contundente contra la prevaricación, el tráfico de influencias y el cohecho (los tres delitos más recurrentes), piden que se reduzcan los funcionarios con fuero pues eso dificulta la aplicación de la justicia y produce impunidad en buen número de casos, y una asociación que representa a 2,000 de los 5,300 jueces españoles que llevan unos 1,800 casos penales por corrupción, de estos unos 800 corresponden al 10 por ciento del total de municipios, ¿cuántos procesos se llevan y se tendrían que seguir en México?

Asimismo, los jueces españoles han acordado presentar 58 medidas concretas para combatir la corrupción y aumentar la eficacia del trabajo judicial, para lo cual solicitan más plazas para alcanzar la media europea de 21 jueces por cada 100,000 habitantes y el incremento de recursos hasta llegar al 3 por ciento del total del presupuesto nacional.

La Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) ha alertado de la desconfianza que existe en los gobiernos a causa de la corrupción en un informe reciente en el que señala que en la corrupción trasnacional los sectores en los que más fraudes se detectan en los 34 países miembros son en la industria de la extracción, la construcción y el transporte, que en el 53 por ciento de los casos estuvieron implicados directivos y altos cargos de las empresas de gran tamaño, los corrompidos fueron sobre todo empleados de empresas públicas o funcionarios en un 80 por ciento, los sobornos superaron como media el 10 por ciento, (el mayor fue de 1,400 millones de dólares y se registró en Estados Unidos), y que en un tercio de las corrupciones se detectaron en controles internos de las empresas, en 26 de cada cien casos fue la policía o los jueces y un 5 por ciento los medios de comunicación.

¿Por qué Chile (con 73 puntos) dobla la calificación a México si ambos tienen leyes avanzadas de transparencia?, “no son las leyes sino su aplicación y la estructura de sus instituciones lo que hace que la corrupción se impregne de manera sistémica en la sociedad”, responde Javier Lizcano.

Prevenir, detectar y sancionar la corrupción es una obligación del gobierno, los ciudadanos deben hacer a un lado apatía, desinterés e indiferencia ante la rampante deshonestidad que carcome el tejido social y actuar de manera decidida y sin miedo.

En la guerra contra la corrupción las batallas más importantes se tienen que dar para implantar una nueva ética de la responsabilidad social más que expedir buenas leyes que no se apliquen como sucedió con las emanadas de la renovación moral de Miguel de la Madrid hace treinta años.

 

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