Parlando

Sistema Nacional de Atención a Víctimas

La semana pasada el presidente de México, Enrique Peña Nieto, instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas con el objetivo de que éstas puedan ser tratadas por las autoridades de manera respetuosa, sensible pero, sobre todo, humana; además de recibir asistencia, protección y atención del Estado salvaguardando su integridad física y psicológica.

Desde el inicio de la administración federal, el titular del Ejecutivo se comprometió a ejercer un gobierno abierto, sensible y cercano a las víctimas, que escuche y atienda sus demandas, en virtud de que es fundamental que se conozca la verdad sobre el delito que padecieron y ser informados con precisión del proceso penal contra sus agresores.

Este Sistema Nacional de Atención a Víctimas delineará sus primeras acciones, como: construir el registro nacional de víctimas; definir las reglas de operación del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral y determinar las medidas de asesoría jurídica que los tres órdenes de gobierno brindarán a las víctimas.

Este sistema estará conformado por el jefe del Ejecutivo federal, el titular de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), gobernadores y la Comisión Nacional Ejecutiva, con los siete integrantes electos por el Senado, quienes definirán los programas y acciones más eficaces, así como los esquemas de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la aplicación de la Ley General de Víctimas y con ello salvaguardar los derechos fundamentales de los mexicanos.

A partir de ahora, la Comisión Ejecutiva es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con autonomía técnica y de gestión, así como con personalidad jurídica y patrimonio propio; es decir, cuenta con recursos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir con sus atribuciones.

Con estas acciones se refleja el compromiso del Gobierno de la República con las víctimas del delito, y con quienes han padecido, lamentablemente, violaciones a sus derechos humanos.

Por lo anterior, es fundamental la instalación de las comisiones ejecutivas estatales, compromiso que asumieron los gobernadores para armonizar las legislaciones locales con lo establecido en la Ley General de Víctimas.

La Ley General establece como víctimas directas a todas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Establece como víctimas indirectas a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Además, son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Por lo tanto, nuestro país con este establecimiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas estaría a la vanguardia internacional en esta asignatura.