La militarización policial de EU tiene tentáculos en América Latina

La muerte de un adolescente afroamericano desarmado por los disparos de un policía blanco en el sur de Estados Unidos desató la indignación pública en este país en torno a cuestiones de raza, clase y brutalidad policial.

Parte de la discusión se centra en la magnitud alarmante de la fuerza y las armas de tipo militar que utilizó la policía frente a las manifestaciones públicas tras la muerte el 9 de agosto de Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, Misuri.

Esta situación llevó tanto a legisladores progresistas como a conservadores de este país a reclamar la modificación de una ley que, desde los años 90, proporciona pertrechos militares excedentes a las fuerzas policiales estadunidenses.

Pero ninguna discusión ha levantado el hecho de que esa militarización policial se exporte en forma creciente a países aliados, con el fin oficial de que luchen contra el terrorismo o el tráfico de drogas, en una política que en el caso de América Latina incluye a Colombia y México.

Para la represión de las protestas públicas tras la muerte de Brown, la policía de Ferguson utilizó armas de alto poder, gas lacrimógeno, chalecos antibalas e incluso vehículos blindados similares a los que emplean las fuerzas armadas en situaciones de guerra.

A pesar del extraordinario consenso que existe entre políticos conservadores y progresistas sobre los peligros que implica una policía militarizada, no parece que esa inquietud se extienda al creciente apoyo de EU a la militarización de las fuerzas del orden en otros países.

Según los últimos datos disponibles, durante 2009 Washington brindó más de 3 mil 500 millones de dólares en ayuda extranjera destinada a las actividades policiales, sobre todo en Afganistán, Colombia, Irak, México, Pakistán y los territorios palestinos.

Un informe oficial de 2011 señala que “Estados Unidos incrementó el énfasis en la formación y el equipamiento de la policía extranjera como medio de apoyo a una amplia gama de objetivos de la política exterior estadunidense”, en particular en el contexto de las guerras contra el narcotráfico y el terrorismo.

En México y otros países de América Latina se incrementó la asistencia de EU destinada a la represión del narcotráfico.

“Los gobiernos centroamericanos confían cada vez más en sus fuerzas armadas para lidiar con la reciente ola de violencia”, señaló Adriana Beltrán, investigadora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización independiente con sede en la capital estadunidense.

“Estados Unidos dice que no proporciona asistencia alguna a estas fuerzas, pero existe una ayuda considerable que el Departamento de Defensa otorga a la lucha contra el narcotráfico, que se canaliza por las fuerzas armadas de esos países”, explicó.

Colombia es un “modelo clave” de la asistencia bilateral, según Alexander Main, académico del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR). Desde 1999, un programa por 8 mil millones de dólares para ese país permitió “el despliegue masivo de tropas militares y fuerzas policiales militarizadas para interceptar las drogas ilícitas y contrarrestar a los grupos guerrilleros de izquierda”, añadió en referencia al llamado Plan Colombia.

Pero en 2013 unas 150 organizaciones no gubernamentales advirtieron que las políticas de Washington que “fomentan la militarización para lidiar con el crimen organizado” son ineficaces. Esta estrategia dio lugar al “aumento espectacular de los delitos violentos, a menudo perpetrados por las propias fuerzas de seguridad”, señalaron.

México es un fuerte receptor de la ayuda de seguridad estadunidense contra el narcotráfico.

A partir de los años 90, “la tendencia ha sido la de alentar al gobierno mexicano para que incorpore a los militares a los operativos contra el narcotráfico y, en los últimos dos años, también a la seguridad pública”, sostuvo Maureen Meyer, investigadora de WOLA.

En el proceso, la policía recibe cada vez más formación militar, lo que genera preocupación por las violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, así como falta de formación para enfrentar las protestas locales, algo similar a lo que sucede ahora en Ferguson.

“Vemos lo preocupante que es esta tendencia en EU y estamos preocupados por una tendencia similar hacia la policía militarizada en los países latinoamericanos”, subrayó Meyer.