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A prueba los organismos públicos locales en 2015

Es claro que la reforma político electoral de 2013-2014, introduce un nuevo andamiaje electoral, e importantes cambios en el modelo de organización y distribución de competencias en asuntos político-electorales que son inéditos.

Primará un modelo de federalismo centralizado, que faculta al INE de mayores atribuciones que sujetan a los institutos electorales locales, llamados ahora Organismos Públicos Locales, en materia de fiscalización de gastos de campaña, entre otros, y que mantendrá vigilados a sus consejeros.

Como sabemos, el INE podrá atraer la organización de las elecciones estatales y con candados evitarán acusaciones falsas que pretendan que un procedimiento local no justificado.

En muchas entidades, la pretensión centralista de la nueva estructura electoral es cuestionada con reclamos. Sin embargo, algunos reviran advirtiendo que el federalismo no es autonomía absoluta y hubo abusos en excesos e incompetencias que rayaron en impunidades.

Y es que la mayoría de los institutos electorales locales quedaron a merced de los mecanismos de poder local. Llamado genéricamente bajo la tutela y capricho de "los gobernadores", cayendo en una especie de "feudofederalismo" que puso en riesgo la credibilidad y legitimidad de los procesos electorales. Se crearon situaciones perplejas y vacilaciones en muchos estados que fueron minando la confiabilidad y la pérdida de rumbo o alejamiento de los principios rectores de imparcialidad y certeza.

Por ello, una de las transformaciones más notables que introduce la reforma electoral apunta a nuevos diseños de distribución de competencias en materia electoral entre la federación y sus partes constitutivas y, por consiguiente, con las atribuciones y el nivel de interrelación de los organismos responsables de organizar las respectivas elecciones.

La misma lógica y algunas reglas, se aplicarán para los casos de los tribunales electorales con la virtud –establecida en las leyes secundarias– de uniformidad al bosquejo de los tribunales locales para evitar contar con órganos jurisdiccionales de todo tipo como unitarios y colegiados, pares e impares o tribunales de tres, cuatro, cinco o siete magistrados.

Un riesgo latente, radica en la facultad de atracción de elecciones locales por parte del INE, que puede estimular el conflicto político electoral, pues los partidos inconformes con las decisiones de la autoridad local podrían buscar y amenazar con la atracción como medida de presión y de coerción hacia las autoridades locales. La dificultad para definir con objetividad, cuando el INE interviene puede provocar que el proceso electoral comience a viciarse aun antes de su inicio formal.

En suma, se incrementan en el nuevo armazón electoral el rango de atribuciones del órgano federal, que ahora tendrá la denominación de nacional; sin embargo se preservan las atribuciones locales ahora más acotadas, en los organismos de las 32 entidades federativas.

La reforma, con sus imperfecciones, tendrá su prueba de fuego en las elecciones de 2015; se validarán apuestas, hipótesis, acuerdos y prevenciones plasmados en un nuevo esquema electoral. Se verá si los organismos locales podrán actuar con la imparcialidad que la sociedad demanda.