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La judicialización electoral 2017

El creciente número de denuncias presentadas por los partidos ante autoridades electorales es sorprendente. La Fepade tiene más de 200, la Junta Local del INE ha recibido cerca de 50 impugnaciones que canaliza al Consejo General. La estrategia de muchos candidatos es la permanente denostación de sus adversarios. Para colmo, algunas policías municipales han interferido en las campañas provocando violencia. La judicialización de los comicios puede tener como origen una ley electoral confusa y ambigua. Basada en la desconfianza que propicia legislaciones complejas en extremo. Muchas veces su aplicación se basa en criterios no siempre consistentes por parte de la autoridad.

Las implicaciones de la judicialización electoral otorgan a los procesos nuevas formas de solucionar conflictos, ya sea entre los contendientes como entre las propias autoridades formales. Esta forma de racionalizar el conflicto propicia la supremacía de la legalidad y constitucionalidad de todo proceso. El papel de los tribunales se vuelve determinante. En este escenario, los tribunales imperan y meten en disciplina tanto las extravagancias políticas, excesos de los actores y abuso de autoridades sea gobiernos como decisiones erráticas de los árbitros.

En ese sentido, algunos hasta ven con buenos ojos la judicialización del proceso porque los tribunales validan o corrigen las decisiones electorales dando un mayor soporte al proceso electoral. Así lo ha declarado el propio presidente del IEEM Pedro Zamudio. Incluso ante las malas decisiones que ha venido tomando el Consejo, como fue la revocación por no aplicar el principio de exhaustividad en el caso de los candidatos independientes, el consejero con serenidad afirmó: "La decisión del TEEM no deja mal parado al IEEM sino, al contrario, se depura el proceso electoral". Para Zamudio la judicialización puede hacer más eficiente pues perfecciona el proceso. Pero me pregunto si el ciudadano que va emitir su voto piensa lo mismo. Otros analistas perciben, por el contrario, que la judicialización electoral perjudica la imagen de los candidatos, los partidos, las instituciones electorales, y aleja a los electores. Aunado al cúmulo de descalificaciones, acusaciones más o menos graves de los candidatos, el ciudadano de a pie se puede quedar con la impresión de estar eligiendo a un candidato delincuente a gobernador. Después de tantos recursos, quejas, apelaciones, resoluciones, sanciones ¿Dónde queda el voto del ciudadano?, me preguntó un conocido poco avezado en materia electoral, "si finalmente un tribunal va decidir". Por tanto, la judicialización tiene sus riesgos porque puede contaminar la necesaria atmósfera de serenidad que se requiere para ir a votar. En suma una judicialización colérica puede contribuir a la abstención.