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Tribunal Permanente de los Pueblos, sentencia

Mientras estamos distraídos con el culebrón de la "casa blanca", el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un grupo compuesto por 13 jueces especializados en derechos humanos en distintos ámbitos internacionales, señaló que en México la desviación del poder se ha utilizado para favorecer a los grandes intereses y no a la sociedad. El Tribunal Permanente de los Pueblos celebró, el pasado sábado, una audiencia final sobre la situación de México en materias como libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos.

El TPP existe desde 1979, tiene su fuente de orientación en los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976). El Tribunal es un organismo internacional no gubernamental cuyo objetivo es hacer visible las violaciones masivas a los derechos humanos y de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional, continental o internacional.

Es un tribunal ético que reivindica la soberanía de los pueblos y de organismos de la sociedad civil como fuente de autoridad en los propios Estados, para así ejercer una influencia pública a nivel internacional sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hay que recordar que el tribunal Russell, también conocido con el nombre de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, fue un organismo público establecido por el filósofo británico Bertrand Russell y secundado por Jean-Paul Sartre, filósofo y dramaturgo francés.

El pasado 15 de noviembre culminó el capítulo México con la emisión de la sentencia en su audiencia final. Durante tres años se celebraron 10 audiencias temáticas y transtemáticas. Producto, a su vez, de 40 pre audiencias, contó con la participación de cerca de mil organizaciones de diverso nivel que incluyó miles de personas y los casos presentados colocaron en tela de juicio la obligatoriedad de los tratados económico-comerciales y mostraron la abierta violación de los derechos básicos.

Tras analizar de manera pormenorizada el conjunto de testimonios personales y documentales presentados por víctimas, organizaciones sociales y expertos en una serie de audiencias, el Tribunal señaló los derechos violados en el país y concluyó que existen responsabilidades jurídicas por parte de diversos actores, entre ellos el Estado mexicano, empresas transnacionales e instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial, entre otras. En todos los casos se trata de distintas formas de responsabilidad que se remontan a los sexenios de Carlos Salinas de Gortari hasta los de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, miembro del Tribunal, aseguró: "el diagnóstico muestra que la organización criminal se ha asentado en las estructuras de poder del Estado y ahora creen que pueden hacer de nosotros lo que quieran. Por ello, no nos podemos quedar ahí, solo con el descontento, al final de la sentencia se da una serie de importantes recomendaciones".

El texto es voluminoso, serio y contundente. Para el que quiera, el estudio puede consultarse en internet.